El galimatías jurídico en el que ha quedado atrapado el modelo educativo del plurilingüismo impulsado por el Botànic podría sumar en breve un nuevo frente. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana conocido el pasado viernes en el que se declaraba la nulidad parcial del primer decreto de plurilingüismo (ya derogado) ha dado alas al PP en su cruzada contra la política educativa del Consell. Los populares llevan días avisando de su intención de presionar al Gobierno de Rajoy para que impida una fórmula educativa que consideran discriminatoria respecto a la enseñanza en castellano y todo apunta que la petición del PPCV será atendida.
Norma aprobada con urgencia
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, anunció ayer que pedirá a Rajoy que recurra la ley educativa aprobada en las Corts, la norma que el Botànic aprobó con urgencia en febrero para salvar los escollos legales de sus dos anteriores decretos. Esta ley, sin embargo, tiene todas las papeletas de acabar también en el Tribunal Constitucional. Fuentes populares confirmaron a este diario, que, tras su reciente publicación el DOGV, el texto está siendo estudiado por la Abogacía del Estado, y todo apunta que será recurrida. Consideran que el texto está viciado porque asume varias disposiciones consideradas ilegales por los tribunales, por lo que creen que debe recurrirse.
Bonig, que ayer reunió a su consejo de dirección, dejó claro que el PP valenciano no se apeará de una batalla a la que también se ha sumado Ciudadanos: «Ha sido Rajoy y no Toni Cantó», dijo. En concreto, Bonig se refirió a la comisión bilateral que ya planteó el Gobierno sobre el decreto-ley del plurilingüismo que Educación aprobó cuando el TSJ tumbó la primera de sus normas.
La presidenta del PPCV afeó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no se haya reunido con los diversos colectivos de padres y madres que interpusieron el recurso al primer decreto y ha indicado que el PP se ha puesto en contacto con estas asociaciones para atenderles.
«Atenta contra la libertad»
Para Bonig la sentencia del viernes es la demostración jurídica de que el modelo de Ximo Puig y Mónica Oltra «atenta contra la libertad de las familias y de los padres y contra la Constitución». En su opinión muchos de los artículos anulados en el decreto de plurilingüismo «perviven» en la actual normativa, por lo que ve necesario que se convoque la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para abordar esta cuestión. Es, en su opinión, una «oportunidad de poner orden en el caos» que hay en el ámbito educativo en la Comunitat Valenciana. Ha considerado que la situa
En caso de prosperar un nuevo recurso (al tratarse de una ley sólo puede hacerlo el Gobierno o más de 50 diputados), la Conselleria de Educación se encontraría prácticamente ya sin salida para aplicar su modelo educativo.
De hecho, el pasado viernes, ras conocer el fallo, la Conselleria de Educación indicó que el plurilingüismo educativo está actualmente regulado por la ley del pasado mes de febrero, por lo que entendía que la resolución «no afecta ni al funcionamiento normal de los centros educativos, ni al alumnado ni al profesorado valenciano».
