La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas está convencida de que los casos de absentismo (sobre todo, los más descarados) son puntuales en la Generalitat, pero tiene asumido que las imágenes de funcionarios y funcionarias entrando de la Ciudad de la Justicia para fichar y salir al instante deben tener respuesta. Es un asunto, captado en febrero por las cámaras de Cuatro, pero denunciado hace años por Levante-EMV, que preocupa también en el Palau de la Generalitat y así se le trasladó a la titular de Justicia, Gabriela Bravo. La consellera anunció en las Corts que estudiaría la fórmula para acabar con el pillaje, pero al no encontrar la solución idónea en la propia administración, ha decidido irse fuera a buscarla.
Fuentes de su departamento confirmaron que se está trabajando ya en un pliego para contratar a una empresa privada el diseño de un sistema que permita un control estricto del horario que hace el personal bajo su control. Es decir, unos 17.000 empleados públicos adscritos a las conselleries, un recuento que excluye a personal docente y sanitario, cuya gestión no depende del área de Función Pública.
Las fuentes consultadas indicaron que la idea es contar con un sistema que permita de forma periódica (semanal o mensual) el recuento de las horas que cada persona permanece en su puesto de trabajo.
En la actualidad, tal como ha contado en varias ocasiones este diario, la Administración controla a su personal a través de la aplicación Cronos. Cuando la persona llega a su puesto de trabajo, enchufa el ordenador, entra en la aplicación y pone su contraseña. En ese momento, el sistema entiende que ha empezado su jornada laboral y el cronómetro se activa hasta que se cierra la sesión. En la Ciudad de la Justicia se ficha a través de la huella digital cuando se entra en el edificio. El problema es que Cronos es ajeno a las veces que se entra y se sale del centro de trabajo y del tiempo que se permanece fuera. En las torres del complejo administrativo Nou d’Octubre hay instalados tornos para entrar y salir, pero esta información sólo se usa a efectos de seguridad. Además, hay zonas de trabajo a las que no se accede a través de tornos.
Justicia quiere que el control sea el mismo en todos los edificios y por ello se ha fijado en cómo se funciona en el Gobierno central. Así, se considera que un buen sistema es instalar dispositivos de acceso (tornos o arcos) que registren todas las entradas y salidas y desarrollar una aplicación que permita el recuento de las horas que se está dentro del edificio. Aquellas personas que no cumplan con el horario establecido, deberán, según la conselleria, devolver las horas al mes siguiente o exponerse a un descuento en la nómina.
Un sistema flexible
El sistema debe ser flexible a la diversidad de funciones de la plantilla, dado que hay personal cuyas tareas se centran en su puesto de trabajo, mientras que en otros, las salidas forman parte de su cometido.
En plena polémica por las imágenes de funcionarios haciendo novillos en la Ciudad de la Justicia, Bravo pidió a la Dirección General de Tecnologías de la Información una solución. Sin embargo, a la conselleria la propuesta no le convenció ya que sólo se le daba la opción de consultar el horario en casos concretos y tras una petición expresa. Bravo rechazó este plan y ha decidido externalizar el servicio. Cuenta con presupuesto para ello y, además, con el respaldo de Presidencia de la Generalitat.
Con todo, fuentes del departamento de Tecnología adscrito a la Conselleria de Hacienda indicaron que ninguna solución técnica, por precisa que sea, es perfecta si los encargados de supervisar al personal no actúan. Es decir, las jefaturas de servicio deben estar dispuestos a revisar el horario del personal subalterno y llegado el caso denunciar aquellas ausencias que no estén justificadas. Esta disciplina no es habitual.
