Hacienda es la conselleria que acumula el mayor número de incumplimientos de la ley de Transparencia en lo referente a las obligaciones de difusión de información, según un informe de la Inspección General de Servicios. El documento, el primero de estas características que se hace en la Generalitat, fue presentado ayer por el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz y parte de su equipo (la directora general Aitana Mas y el subsecretario Alfonso Puncel) no sin antes poner todo tipo de tiritas a las conclusiones.
De hecho, en términos generales el Consell sale bastante airoso de esta autoevaluación (las propias conselleries rellenaron el test, que luego fue verificado por el personal inspector) ya que se han detectado un total de 112 incumplimientos en las diez conselleries. La cifra parece alta, pero teniendo en cuenta que cada conselleria debía cumplir cada una con 149 obligaciones (las recogidas en el artículo 8 y 9 de la ley), el porcentaje de incumplimientos (al menos los que se pueden cuantificar) se quedan por debajo del 10%.
Ahora bien, como admitió Alcaraz, «no existe la perfección» y el departamento que dirige Vicent Soler se lleva el farolillo rojo con 32 observaciones, seguido de la conselleria de Educación y la de Transparencia, con diez incumplimientos cada una. Vivienda, con sólo cinco incumplimientos, aparece como la conselleria más aplicada.La propia Inspección señala que Hacienda es una de las que mayor número de obligaciones de cumplimiento de publicidad activa tiene, lo que explicaría que quede como la peor alumna.
En concreto, el órgano de control interno adscrito a la Conselleria de Transparencia señala déficits en la información publicada sobre ejecución presupuestaria, informes de Intervención General o datos relativos al inventario de bienes. También adjudica a Hacienda la no publicación de los gastos de caja fija de cuatro organismos autónomos o la tabla retributiva de los altos cargos del sector público. También señala que falta información sobre contratos menores o auditoría de firmas públicas o subcontrataciones.
Tampoco Transparencia cumple al cien por cien y, además, resulta señalada por una cuestión de calado. No publica, como sería su obligación, las resoluciones de autorización a altos cargos que han cesado para trabajar en la privada. Por otro lado, no cumple, como el resto de conselleries, con la obligación de informar sobre el grado de cumplimiento de sus planes anuales y plurianuales. La autoevaluación de la gestión es, según señala este informe, uno de los asuntos pendientes del Botànic.
La Inspección baja tan al detalle que reprocha a la conselleria que cuando informa de los viajes y desplazamientos del Gobierno y su segundo escalón no especifique el medio de transporte utilizado. Otros reproches tienen que ver más con cuestiones de coordinación y falta de claridad en el portal de transparencia.
Por su parte, Educación falla porque no publica información sobre el inventario de bienes, las compatibilidades concedidas al personal docente ni la relación actualizada de las normas que están en proceso de elaboración. Esta cuestión, junto como la falta de información de relevancia jurídica, son déficits generalizados en las conselleries. Presidencia, con diez incumplimientos, no publica el coste de las campañas de publicidad institucional y el desglose de las adjudicaciones.
La conclusión de la Inspección es que se han producido importantes avances en la publicidad activa del portal de Transparencia en los últimos dos años, pero que es importante reforzar la coordinación entre las unidades de transparencia y designar un departamento que coordine la transparencia en el sector público, la pata más opaca de la Generalitat. El informe sólo incluye un examen específico a siete entidades, con 83 incumplimientos.
