En cuatro días (el 23 de octubre de 1940, el 14 y 30 de enero de 1941 y el 15 de marzo del mismo año), el conocido como «Paredón de España» del cementerio de Paterna se bañó con la sangre de 167 republicanos. Ciento treinta y dos de sus cuerpos (el resto fueron trasladados a otros cementerios) se hacinan desde entonces en la fosa número 128 del cementerio de Paterna (una de las más grandes de España), pues no fue hasta ayer cuando comenzó la exhumación de estos represaliados por el franquismo.

Un proceso que, prevén, durará al menos tres meses y no será hasta después de un año cuando las familias puedan recuperar los restos óseos de sus familiares. Algo que no sería posible sin el esfuerzo de Miguel Mezquida (responsable de la excavación junto a otros nueve técnico de la Asociación Científica ArqueoAntro), ni del de Daniel Galán (responsable de la asociación de familiares de la fosa 128). Un trabajo que fija como objetivo que algún día los crímenes franquistas se puedan juzgar, «porque, a pesar de los intentos, cuando los expedientes de las víctimas llegan a la Justicia española, la respuesta que obtenemos es que ´los casos han prescrito´, incumpliendo así con la Ley de Memoria Histórica», indicó Mezquida.

El arqueólogo reconoció que la 128 es la prioridad en las exhumaciones en Paterna (que suma 60 fosas). Un proyecto al que la Diputación ha destinado 200.000 euros y en el que restan los cuerpos de hasta diez provincias españolas (Valencia, Alicante, Castelló, Jaén, Murcia, Guipúzcoa, Toledo, Granada, Madrid y Ciudad Real). «València fue uno de los últimos reductos de la República y Paterna el epicentro de la represión», explica.

Así, nombres como el de Angelino Sarió Borrás, Miguel Galán Domingo, Juan Sola Avellaneda, Matías Iborra y José Teodoro Iborra, (la mayoría de ellos campesinos) resonaban ayer entre los lamentos de sus familiares. Quejas que justificaban en haber esperado casi ocho décadas para que la memoria de sus antepasados fuese dignificada. «Ellos no cometieron mayor delito que ser de izquierdas», lamentaron Concepción y José Martín, nietos de José Teodoro, fusilado a los 49 años el 14 de enero de 1941 por pertenecer a la CNT.

«Jugueteaban con nuestro miedo y la ilusión de encontrar sus cadáveres. Mi abuela (la madre de Matías Iborra, mecánico asesinado a los 27 años, en octubre de 1940) cargaba siempre con un carro, una burra y una caja de muertos y viajaba por toda la provincia. A veces le decían que estaba en Puçol, otras que en Almenara... Cuando por fin dijeron la verdad y mi madre pidió su exhumación de la fosa 128, le dijeron que estaba ya tapada, que eran muchos los enterrados allí y que no le darían su cadáver porque no sabían si estaba el primero o el último», relató María Iborra. «Pobrecito, lástima de chico», indicó con una sonrisa amarga.

Su memoria, sin embargo, no solo quedó emborronada del imaginario colectivo, sino del propio núcleo familiar. «No conocemos mucho de nuestro abuelo, nuestra madre no nos explicó nada, murió con el rencor de no poder contarlo porque tenía miedo de que tomásemos partido y que nos pasara los mismo a nosotros. Y así ocurría con tantas y tantas familias. Esa fue su táctica. Mantener nuestra boca cerrada por miedo», lamentaron Julio Pardo y Miguel Ángel Torres, nietos de Miguel Galán.

Por ello, Galán reclamaba ayer, mientras golpeaba con su pie la tierra que minutos más tarde sería excavada por el equipo de Mezquida: «Buscamos justicia y reparación, porque la verdad siempre la tuvimos».