04 de mayo de 2018
04.05.2018
Sentencia

Condenan a Educación a pagar 13.000 euros a dos maestros 'becarios'

Es la primera sentencia de los 63 casos denunciados por CC OO que aplica el fallo del Supremo contra el anterior Consell del PP

04.05.2018 | 04:15

Los juzgados valencianos han comenzado a aplicar el fallo del Tribunal Supremo de principios de este año que condena a la actual Conselleria de Educación a abonar 6.819,28 euros en concepto de salarios no percibidos a cada maestro becario de inglés ( English helpers) que reclutó el anterior Consell del PP en octubre de 2012 para aplicar el plurilingüismo en Infantil. Estos 301 maestros cobraron como becarios 1.000 euros al mes por 30 horas semanales de clase durante ocho meses cuando según sentenció en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), a instancia de una de las English Helper, tenían que haber sido contratados como maestros.

El Consell recurrió dicha sentencia al Supremo, que a principios de este año dio la razón a la maestra becaria denunciante. Tras este fallo, la Federació d'Ensenyament (FE) de CC OO que ha reactivado las denuncias de 63 English helpers que había presentado ante los tribunales, logrando este mes la primera sentencia del juzgado de lo Social número 13 de València a favor de dos de los demandantes, que deben recibir de Educación las cantidades fijadas por el Supremo.

Esto hace más que previsible que, uno tras otro, los 61 casos restantes que llevan los letrados de la FE CC OO obtengan la misma sentencia favorable, con lo cual los sueldos que deberá abonar el actual Consell por la gestión de la Administración anterior rocen en global el medio millón de euros.

Más de dos millones de euros

El sindicato, no obstante, insta a la conselleria que reconozca la deuda que tiene no sólo con los English helpers que han llevado su caso a los tribunales sino con los 301 maestros becarios. Esto elevaría el pago de salarios atrasados por encima de los dos millones de euros.

Roberto Romero, portavoz de FE CC OO, considera que con este reconocimiento la Generalitat «se evitaría procesos ya cerrados en el Supremo y que podrían suponer además costas judiciales». Explica que muchos de los 301 becarios reclamaron en 2015 por vía administrativa a la conselleria «tanto a la anterior como a la actual, y todas las peticiones fueron archivadas, por lo que no habrían prescito».

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