La factura de 568.511 euros por el alquiler de Feria València para acoger el XVI Congreso Nacional del Partido Popular tardó nueve años en pagarse por «divergencias internas» entre las direcciones regional y nacional de la formación política.
Las diferencias sobre quién debía abonar la factura provocaron el primer «simpa» del PP, según admitieron ayer Ricardo Costa, Alberto Fabra y Gerardo Camps en la comisión de investigación de las Corts, que investiga las irregularidades en Feria València.
El primero en admitirlo, y en declarar ayer, fue Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, que comparece ligero de equipaje tras admitir ante la Audiencia Nacional que los populares se financiaron de manera irregular a través de Orange Market.
Costa admitió su participación en una cena junto al expresidente de la Generalitat, GeneralitatFrancisco Campsen la que «Camps, solicitó la celebración del congreso», aunque no se habló de qué empresa lo organizaría.
Aunque no lo organizó la Gürtel, en el congreso de València, celebrado el 20, 21 y 22 de junio de 2008, la sucursal valenciana de las empresas de Francisco Correa Orange Market, logró hacer caja al facturar casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con el evento.
Costa aseguró desconocer detalles de la estrecha relación entre Orange Market y Feria València, a pesar de que él y Camps eran los interlocutores con la mercantil dirigida por Álvaro Pérez «El Bigotes», admitió.
Del «simpa» del congreso popular que auspició el principio de la carrera de Rajoy hacia la Moncloa, Costa admitió que «en 2009 recibí una llamada de [Luis] Bárcenas, en la que me comentó que existía un compromiso por parte de Francisco Camps de que el PPCV asumiría los gastos, por lo que yo le dije que eso tenía que hablarlo con Camps. Y ahí me quedé porque meses después fui suspendido de militancia y apartado del partido», tras estallar el Caso Gürtel y ser juzgado en la «causa de los trajes», en la que fue absuelto junto a Francisco Camps.
Cuatro años después, en 2012 cuando la cúpula popular ya estaba completamente renovada tras la dimisión de Francisco Camps, acosado por el Caso Gürtel, el XVI Congreso Nacional del Partido Popular seguía sin pagarse. La clave del por qué la aportó el expresidente de la Generalitat y actual senador, Alberto Fabra.
«Había discrepancias entre el PP regional y nacional, según me trasladó el secretario general del PP [Serafín Castellano, que ocupó el cargo de 2012 a 2014]». Las discrepancias consistían en que nadie quería asumir el pago de la factura del Congreso Nacional del PP. «El secretario general me trasladó que esa factura debía asumirla la dirección nacional porque era un congreso nacional».
Una tesis que finalmente fructificó como recordó ayer Fabra: «No será la única factura que se ha pagado a una entidad a través de un juzgado. Y la ha pagado la dirección nacional [del PP], que era la postura que defendía el Partido Popular de la Comunitat Valenciana», defendió el exjefe del Consell en su comparecencia.
Por último, el exvicepresidente del Consell y actual diputado en Madrid, Gerardo Camps, admitió «cierta divergencia dentro del partido sobre quién tenía que pagar la factura. Aunque finalmente se determinó y se pagó, por lo que no veo mayor problema», al tiempo que negaba que en todos los comités ejecutivos nacionales a los que asistió «nunca se debatió ese asunto», según informa la agencia Europa Press.
Respecto a la gestión del recinto ferial, tanto Fabra como Camps defendieron su gestión al frente de Feria València. El expresidente del Consell recordó que cuando llegó a la Generalitat en 2011, la prioridad era evitar «un 'default'» porque «vivimos una situación muy complicada, que se puede calificar de tormenta perfecta». De ahí que encargara «auditorías de todas las instituciones públicas o que recibieran dinero público». Uno de estos informes se refería a Feria València, en el que se detectaron sobrecostes que rondaban los mil millones de euros. Aunque Fabra negó haberlo remitido a la Fiscalía Anticorrupción. «La Fiscalía finalmente decidió que no existía responsabilidad penal, así que ahora su trabajo es poner en valor la inversión hecha en Feria València», reclamó el exjefe del Consell. Camps defendió que la financiación de la ampliación de esta institución contó con todos los controles legales. «Si hay algo controlado, es un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)», defendió, según informó Efe. Sobre el millón de euros gastados en tarjetas y gastos de representación, Camps señaló que no le parecían bien pero que si «alguien estima que se ha gastado lo que no se debía, debería denunciarlo y no hacer demagogia».
