Verds-Equo del País Valencià, la pata verde de Compromís, y que según sus estatutos es un partido en «red, horizontal, inclusivo, transparente, abierto y participativo», tendrá que lidiar con una sentencia que pone en solfa esta declaración de principios.
La jueza de primera instancia número 27 ha dado la razón a los cinco afiliados de la formación que hace casi dos años fueron expulsados por constituir una plataforma crítica y denunciar prácticas que consideraban irregulares en el partido entonces liderado por el exsecretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro.
El fallo, emitido hace unos días, declara nula la sanción que ratificó la Mesa de País de Verds-Equo, por lo que los expulsados tendrán que ser automáticamente readmitidos.
A estos militantes, muchos de ellos históricos del movimiento verde, se les abre de nuevo la puerta de un partido que ya no tiene al frente a Álvaro. Tras caer del ejecutivo, el periodista dejó también la portavocía de Verds, que ha heredado el concejal de movilidad de València, Giuseppe Grezzi.
Con todo, el resto de la dirección que secundó la expulsión (los responsables de organización y del partido en Valencia, Josep Ruiz y Enric Roncero, entre otros) sigue en primera línea.
La sentencia supone una victoria moral para los demandantes y un revés para la imagen de un partido minoritario, pero con papel destacado, ya que controla la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.
La jueza considera que la decisión del partido de expulsar a los militantes careció de una base razonable que justificara «la drástica y desproporcionada decisión».
Tal como contó Levante-EMV, Verds-Equo decidió echar a los cinco afectados durante dos años por exigir transparencia en la selección de los candidatos del partido para cargos públicos o personal eventual. La cúpula de Verds-Equo justificó la expulsión en que los críticos estaban dañando la imagen del partido. Sin embargo, la jueza cuestiona la sanción por considerarla una injerencia en el ámbito del derecho fundamental del afiliado.
Considera «cuestionable» la imparcialidad y objetividad de las personas que tomaron la decisión (algunos fueron juez y parte al participar en la instrucción del expediente y la ratificación posterior), falló la transparencia y el procedimiento no estaba sustentado en los estatutos.
Ni se concretaron los hechos ni estos estaban tipificados. La jueza recuerda que los partidos tienen una exigencia constitucional de organización y funcionamiento democrático.
