El Síndic de Greuges ya advirtió a la entrada en vigor de la ley de la Generalitat que obligaba a rebajar los plazos de tramitación en procedimientos de emergencia ciudadana (octubre de 2016) que su aplicación requeriría un extraordinario esfuerzo en medios materiales y humanos al Consell.
Más de un año después, el defensor del pueblo valenciano concluye en su memoria de 2017 que ese esfuerzo, si se ha realizado, no ha tenido éxito.
Por eso reprocha ahora al Consell del Botànic que incumpla su propia ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana. Asegura la institución que dirige José Cholbi que los retrasos en muchos de estos procedimientos siguen siendo exorbitantes y, lo que es más grave, añade que la Administración valenciana, en un número importante de casos sigue actuando como si la ley no estuviera en vigor.
Expone que la norma habilita al Consell a aprobar reglamentos y adoptar acuerdos para lograr su efectividad. Pero según la información de la que dispone no lo ha hecho. La ley también ordena al Consell a remitir anualmente a las Corts un informe sobre la situación y el estado de la tramitación de los procedimientos declarados de emergencia ciudadana. Pero transcurrido más de un año desde la entrada en vigor, al Síndic tampoco le consta que ese informe haya sido remitido a la Cámara o que ésta lo haya reclamado.
Es por ello que el defensor valenciano reclama al Consell que realice ya una «mínima» evaluación de la eficacia de esta norma y de su afección sobre los derechos y prestaciones que pretende proteger.
La ley estaba llamada a reducir a la mitad los plazos para el reconocimiento de determinados derechos y prestaciones básicos en situaciones de emergencia. Convertía el silencio administrativo en resolución positiva transcurridos los plazos.
Tenía, en definitiva, la impronta del Botànic. Pero el Síndic ya vio venir que su efecto sería mínimo. Dejó escrito que las circunstancias en que se encuentran las plantillas de Generalitat, mermadas tras años de políticas de austeridad, no hacían previsible que esta ley pudiera ofrecer resultados sobresalientes. Y no lo ha hecho. Pone como ejemplo que en materia de reconocimiento de la situación de discapacidad, las demoras han continuado siendo desproporcionadas y detecta expedientes que se dilatan de forma desmedida».
