El pleno del Consell autorizó ayer a la Abogacía de la Generalitat que solicite al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la adjudicación de otro inmueble propiedad de uno de los condenados por el conocido como caso Cooperación.

El objetivo, según explicó ayer la vicepresidenta Mónica Oltra, es «devolver a las arcas públicas el dinero malversado por el antiguo Consell», porque los ciudadanos «no solo quieren las consecuencias penales» sino que se devuelva «el dinero robado».

Se trata de un piso con plaza de garaje y trastero, ubicado en Castelló, que fue propiedad de Marcial López, en su día presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). A López le fue embargada la vivienda por la sentencia del Tribunal Supremo en 2015, con la que se puso fin a la causa del caso Cooperación por la que se desviaron 1,6 millones de euros en subvenciones destinadas al Tercer Mundo de las que se apropió la trama vinculada al exconseller Rafael Blasco.

Para hacer frente a la responsabilidad civil, a López se le embargaron distintos inmuebles que fueron sacados a subasta. Este, en concreto, salió por un precio de 204.393,97 euros. Solo hubo una puja por el 31 % del importe de licitación. Como señala la Ley de Enjuiciamiento Civil, se comunicó a la Generalitat, por ser parte acreedora, y esta solicita ahora la adjudicación por el 70 % del valor de la subasta, que asciende a 143.075,78 euros.

El Consell ya adquirió tres pisos en València de Cyes, Con el actual habrÁ recuperado más de un millón de euros de valor en bienes de la trama.