Víctimas de abusos sexuales por parte de su profesor y a su vez denunciadas por falso testimonio por familiares y amigos del condenado. Esta es la doble victimización que han tenido que padecer seis alumnas de un colegio de un municipio del Valle de Ayora, cuyo nombre omite este periódico para preservar su anonimato, después de que se haya tratado de cuestionar la veracidad de sus declaraciones en el juicio, incluso cuando la propia Audiencia Provincial que juzgaba los hechos remarcaba en su sentencia que los relatos de las menores se mantuvieron constantes «sin contradicciones ni incoherencias».
La Fiscalía de Menores de València ha archivado ahora las actuaciones por un presunto delito de falso testimonio «al no existir indicios racionales de haberse perpetrado el hecho inicialmente imputado». Además da un toque de atención a la defensa del profesor condenado a treinta años de cárcel, atribuyendo la denuncia a una estrategia para tratar de eludir su ingreso en prisión y como elemento de presión de cara a la resolución del recurso interpuesto. «Presentar una denuncia por falso testimonio, no es si no una estrategia y argucia de la defensa, última representación del condenado, para el recurso de casación», detalla la Fiscalía.
Asimismo critica que «admitir que existieron falsos testimonios, cuando no existen indicios de delito alguno, sería provocar un aislamiento de las víctimas y un enfrentamiento entre la vecindad de la localidad, y con ello la revictimización, de nuevo, de las seis menores», destaca el auto de archivo.
No hay un interés espurio
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València condena al profesor, que impartió clases a las víctimas durante los cursos 2011 a 2014 en un colegio público del Valle de Ayora, a cinco años de prisión por cada uno de los seis delitos continuados de abusos sexuales, tal y como informó en exclusiva Levante-EMV. Además el fallo le impone treinta años de libertad vigilada y la inhabilitación por un plazo de cuatro años y siete meses por cada uno de los seis delitos. El fallo aclaraba que no se apreciaba ningún tipo de interés espurio por parte de las menores. De hecho, el caso fue destapado por el propio centro escolar e inicialmente los padres ni tan siquiera se personaron como acusación particular.
El condenado recurrió en casación y por lo tanto la sentencia todavía no es firme. No obstante, dada la gravedad de los hechos, ejercidos sobre víctimas menores de trece años, y la pena total a la que se enfrenta, la acusación particular, ejercida por el letrado penalista Jorge García-Gasco, solicitó su ingreso en prisión preventiva. La sala denegó dicha solicitud y optó unicamente por retirarle el pasaporte al docente condenado hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.
La fiscalía recoge en su resolución como precisamente fue en los días previos a la comparecencia de la prisión provisional sin fianza, cuando «familiares, allegados, amigos y conocidos del penado se movilizaron para conseguir, a la desesperada, que no ingresara en prisión». Concretamente se trató de la hija del condenado, de un profesor de pádel y de una de las alumnas de éste, quienes comparecieron en una comisaría de València para mostrar «su desacuerdo e injusticia de la sentencia condenatoria», porque según ellos, «se basa en unas declaraciones falsas de las víctimas».
Asimismo se ha movilizado a través de la plataforma change.org una campaña de recogida de firmas en apoyo al profesor condenado criticando la sentencia (llevan unas 850 firmas recabadas).
«Resulta mezquino que se recurra a esta estrategia machista de criminalizar a las víctimas poniendo sus declaraciones en duda por el mero hecho de ser mujeres y menores de edad», critica el letrado García-Gasco, que representa a la familia de una de las víctimas de los abusos.
Sin contradicciones ni incoherencias
«No se entiende por qué motivo, todas las personas que salen ahora en defensa del penado no lo hicieron en un momento anterior, y han esperado casi tres años para hacerlo», apunta la Fiscalía, quien argumenta que «la prueba practicada en el juicio ha sido plural, coherente y coincidente en acreditar la veracidad de los hechos». Así, según se aclara en la sentencia y en el archivo de la denuncia por falso testimonio, «las menores han tenido que declarar sobre los hechos en distintas ocasiones y en todas fueron reiterativas y constantes en la descripción de los mismos y sus circunstancias a los largo del procedimiento, sin contradicciones ni incoherencias». De igual modo, la perito forense también remarcó en la vista oral que «no tenían un relato aprendido ni usaban las mismas palabras», dando mayor credibilidad a su testimonio.
Así, la Fiscalía de Menores concluye que «no consta acreditado, en modo alguno, que las seis víctimas faltaran a la verdad en su testimonio», y considera fuera de lugar la «iniciativa del entorno del penado tratando de aparentar unas nuevas pruebas inexistentes que constituyen testimonios ya valorados en la vista oral, junto con otros vacíos de contenido de personas cercanas al condenado».
