El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 9 años de cárcal para la exconsellera de Turismo y expresidente de las Corts, Milagrosa Martínez, por amañar contratos de la feria de turismo Fitur en favor de la trama Gürtel entre 2005 y 2009. Se trata de la primera sentencia en firme del caso Gürtel.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el alto tribunal confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de febrero de 2017 que impuso penas a once condenados: los cabecillas de la trama, Francisco Correa, 13 años; Pablo Crespo, 13 años y tres meses, y Álvaro Pérez 'el Bigotes', 12 años y tres meses; Isabel Jordán (6 años); Cándido Herrero (4 años) y Mónica Magariños, sentenciada a 3 años.
Otros exaltos cargos de la Conselleria de Turismo también fueron condenados a penas de prisión: Isaac Vidal (7 años); Rafael Betoret, exjefe de gabiente de Milagrosa Martínez (6 años); Jorge Guarro (4 años) y Ana Grau (3 años). Sólo lograron ser absueltos la exconsellera, Angélica Such, y el técnico jurídico Juan Bover.
Junto a las penas de prisión, la sentencia estipula que Correa, Crespo y Pérez deberán abonar multas de 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias.
También establece que los tres cabecillas más Milagrosa Martínez, Jordán, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat con 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.
El Supremo confirma que la trama Gürtel era "una asociación ilícita" y destaca que "la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".
Los hechos probados
El Tribunal consideró probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en las ediciones de Fitur (Feria Internacional de Turismo) entre 2005 y 2009 tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.
La sala entendió que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada exprofeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Francisco Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos "márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes", dice la sentencia.
Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (la Agencia Valenciana de Turismo, la Conselleria de Turismo, la Conselleria de Territorio y Vivienda, y la Conselleria de Infraestructuras y Transportes), que "no solo no llevó un control efectivo de los pagos, sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa", añade el fallo judicial hecho público hoy por el TSJ-CV.
Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.
por las relaciones personales de amistad surgidas entre Correa, Pérez y Crespo, con Milagrosa Martínez
