La causa por la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc durante la campaña electoral de 2007, despiezada en cuatro juzgados que investigan el presunto trato de favor a la consultora de comunicación Crespo Gomar, S. L., y otras empresas satélite tras archivarse el delito electoral por prescripción, ya suma 13 imputados.

Los últimos diez investigados se conocieron ayer, tras comunicar el juzgado de Instrucción 43 de Madrid que ha citado a declarar como investigados a dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad y ocho miembros de la mesa de contratación de un contrato sospechos adjudicado a la consultora Crespo Gomar, S. L., en 2008, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Al frente de esta nueva comitiva de investigados que deberá visitar los juzgados de Plaza de Castilla a partir del 21 de este mes estará Etelvina Andreu, ex directora general de Consumo (2008-2011) del Ministerio de Sanidad, candidata socialista a la alcaldía de Alicante en 2007 y exsubdelegada del Gobierno (2004-2007).

Andreu, que ayer declinó hacer declaraciones sobre su imputación, ha sido citada a declarar por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

La exsubsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, también está citada a declarar el mismo día, junto a otros dos funcionarios más. Otros tres componentes de la mesa de contratación comparecerán el 24 de mayo y los tres últimos han recibido una citación para el 30 de mayo.

Los diez investigados participaron de alguna u otra manera en la adjudicación por 184.138,40 euros del contrato para la «creatividad y producción de una campaña de publicidad institucional del Ministerio de Sanidad y Consumo -entonces dirigido por el carletino Bernat Soria- para promover un consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad y en épocas de rebajas, así como la utilización del sistema arbitral de consumo», licitado el 11 de septiembre de 2008 por 200.000 euros.

La consultora de Gandia Crespo Gomar, S. L., logró adjudicarse el contrato el 18 de noviembre por 184.138,40 euros (IVA incluido).

Esta contratación, al igual que el resto adjudicadas a Crespo Gomar y sus empresas satélite que se investigan en los juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm, fueron analizados por la Intervención General del Estado, a petición del juzgado de Instrucción 21 de València y la Fiscalía Anticorrupción.

La magistrada Nieves Molina, antes de inhibirse a favor del resto de juzgados, consideró que las contrataciones de Crespo Gomar, S. L., por las distintas administraciones podrían constituir un «trato de favor que pudiera haber recibido como pago a las irregularidades a las que habría accedido Crespo Gomar, S. L., para el cobro de los servicios de publicidad prestados a la formación política PSOE, mediante la emisión de facturas a través de terceros, no beneficiados con ningún servicio».