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Fundación

Cooperación da la puntilla a la entidad origen de Podemos

El Centre d'Estudis Polítics i Socials, donde colaboró la cúpula de Podemos, deja de figurar en el registro oficial de ONGD españolas - La fundación valenciana asesoró al gobierno chavista

La página web dejó de existir hace ahora dos años. El teléfono de contacto ya no corresponde a ningún cliente de la operadora, y tampoco hay una estructura organizativa con la que poder contactar. Muy poco rastro queda del Centre d'Estudis Polítics i Socials (CEPS) el embrión de un movimiento político que irrumpió en escena en 2015.

Ahora, CEPS se extinguirá a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que dependen las ONGD como es el caso de esta fundación valenciana, tras un proceso administrativo que se inició hace tres años y en el que los responsables no han dado señales de vida.

El último aviso lo dio el Boletín Oficial del Estado el 27 de marzo, donde a través de una notificación del ministerio, se instaba a cerca de 500 fundaciones y asociaciones a adaptar su normativa a las modificaciones que recogía el Real Decreto de 193/2015 sobre fundaciones.

«En fechas próximas se procederá a la cancelación de inscripción en el registro», aseguraron ayer fuentes ministeriales. Así se desprende de los protocolos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), donde CEPS estaba inscrita por ser una organización dedicada a la «formación y sensibilización en democracia y derechos humanos en América Latina». Además, fue conocida por trabajar como asesoría y consultoría política del gobierno venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero realizaron trabajos en CEPS. Nació en València a principios de los años 90, impulsada por profesores de Derecho de la Universitat de València, entre los que se encontraba el ex secretario general de Podemos en la C. Valenciana y actual diputado autonómicoAntonio Montiel, o Rubén Martínez Dalmau, quien más tarde sería propuesto por Podemos como candidato al Consell Jurídic Consultiu, o el también profesor Roberto Viciano, que nunca saltó a la política. Después, pasaron por allí la actual diputada en el Congreso por València Ángela Ballester o Fabiola Meco, representante podemista en las Corts.

Viciano aseguró ayer que la fundación está en proceso de extinción a petición propia, por eso «no se presentó ninguna documentación», explicó. Sin embargo, precisó que está desvinculado de CEPS. Y no es el único: Montiel se dio de baja hace doce años, y a Martínez Dalmau no le consta que haya actividad desde hace «mucho» tiempo.

En este sentido, Viciano apuntó que la fundación no está en activo, «pero sigue funcionando el patronato mientras no se acepta oficialmente la extinción para que la Administración tenga a quién dirigirse», explicó. Todos ellos remitieron al también profesor Antonio de Cabo, actual presidente de la fundación, pero no respondió ayer a las llamadas de este diario.

Un Real Decreto de 2015 marcaba modificaciones jurídicas para las ONGD adscritas a la Aecid. Daba doce meses para realizar las adaptaciones administrativos pertinentes, pero CEPS nunca lo hizo. Así, en febrero de este año se les dio un ultimátum de 15 días para presentar alegaciones.

De no hacerlo, se cancelaría la inscripción en el registro, y así lo confirmaron desde Exteriores. Fuentes del ministerio aseguraron ayer a Levante-EMV que CEPS no ha presentado la documentación requerida. Ni siquiera se pudo entregar la notificación formal.

La fundación ha estado en el punto de mira especialmente después del éxito del proyecto liderado por Iglesias. La entidad recibió acusaciones de ser un «catalizador» para la financiación de Podemos. CEPS ha tenido uno de sus principales focos de actividad en los trabajos de consultoría y asesoramiento a gobiernos hispanoamericanos, como el de Venezuela en la etapa de Hugo Chávez (participó en la elaboración de la Constitución chavista) o el de Ecuador con Rafael Correa. Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo archivaron las denuncias por la financiación venezolana.

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