10 de mayo de 2018
10.05.2018
Fondos Europeos

Bruselas amplía la investigación sobre el Espai Jove de Chiva y el musical de Siete Aguas

Los inspectores de Antifraude se ratifican en que hubo un presunto fraude

10.05.2018 | 14:42
Espai Jove de Chiva

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha ampliado la investigación sobre el presunto fraude de los fondos europeos en la Hoya de Buñol a partir de la petición de la fiscal de València del juzgado que instruye la causa y de los abogados de los investigados. Europa y la justicia valenciana tienen bajo sospecha las subvenciones otorgadas y ejecutadas a las obras del Espai Jove de Chiva y del centro musical de Siete Aguas, así como a la Fundación Desarroya que llevaba la contabilidad de estos proyectos.

El mes pasado un equipo de especialistas de la OLAF fueron interrogados como testigos y peritos mediante videoconferencia, a petición del ministerio fiscal y de los abogados de una demandante y de los imputados. Ante las preguntas de la fiscal y del abogado de la funcionaria que denunció el presunto uso irregular del Ruralter Leader en la Hoya de Buñol-Chiva, los investigadores se ratificaron en el informe que emitieron en 2014 en el que revelaron presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación de las subvenciones para construir y poner en marcha un centro juvenil en Chiva y en otros dos proyectos que fueron financiados con fondos europeos a través de la Conselleria de Agricultura.

Los técnicos de Antifraude corrobaron y ampliaron varias cuestiones a preguntas de la parte acusadora y de los defensores. Sin embargo, los letrados de los investigados -técnicos y cargos políticos del PP de la excúpula de Agricultura en la época de Maritina Hernández, y exalcaldes del PP de la Hoya de Buñol-Chiva-, lanzaron una batería con decenas de preguntas a los inspectores del organismo europeo contra el fraude.

Ante la amplitud de cuestiones y la densidad jurídica que requería contestar estas preguntas, los inspectores de Bruselas han tenido que tomarse un tiempo para investigar y reelaborar un informe más amplio en el que tienen que aclarar los aspectos que les han demandado los letrados de la acusación y la defensa. Cuando esté terminado, ese dictamen será remitido otra vez al tribunal.

Paralelamente, desde hace meses el juez continúa con la fase de instrucción del caso. Durante la misma, se ha tomado declaración en calidad de investigados a los exalcaldes del PP de Yátova -Rafael Lisarde-; de Siete Aguas -Rafael Zahonero- ; de Chiva -José Manuel Haro- y a Marcial Díaz, portavoz del PP de Buñol, ADL-empleado de la Mancomunitat de la Hoya de Buñol y gerente de la Fundación Desarroya que gestionaba y asesoraba a diferentes ayuntamientos del PP en la obtención de los fondos europeos. Además, también fue interrogado el actual secretario de Yátova, quien ha pasado a engrosar la lista de investigados en el caso, y otra empleada de la Mancomunitat, entre otras perdsonas


La denuncia sigue adelante

Por su parte, los dos exsecretarios generales del PSPV de Buñol -Aurelio Palmer- y de Yátova -Arturo Sánchez- se ratificaron en sede judicial en el contenido de la denuncia que inició este procedimiento y que presentaron junto a la exdiputada socialista Vicenta Crespo.

Palmer y Sánchez, según han revelado fuentes de toda solvencia, han recibido presiones políticas y personales para retirar la denuncia a cambio de una supuesta inmunidad en otros procesos judiciales que se siguen en la comarca contra dirigentes del PSPV y de EU. Tras una reunión en la que participaron altos cargos y alcaldes socialistas de la Hoya se descartó retirarse del proceso judicial y se acordó seguir adelante para esclarecer si hubo una posible malversación o fraude para las arcas públicas de los valencianos.

El contenido del primer informe de la OLAF alertaba de varias irregularidades en esos tres expedientes de la Hoya que lograron financiación europea. La tesis del letrado de la acusación -que representa a los denunciantes y a la Asociación Llano de Chiva a la Plana de Utiel- es que presuntamente el quebranto para la hacienda pública -valenciana, nacional y europea- rondaría el medio millón de euros y que pueden haberse supuestamente cometido delitos de falsificación de facturas y malversación de fondos públicos.

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