Cualquier observatorio, el que sea, es una institución desde la que se investiga, se registran datos o eventos, se analizan situaciones y se elaboran propuestas e informes. Sin embargo, el Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia no lo hace. Ni observa ni registra ni analiza ni informa. De hecho, ni se reúne.
El órgano de investigación y consulta fue creado en 2010 por el anterior gobierno del PP de la mano de la consellera de Bienestar Social, Ángelica Such, como parte de la Ley de Protección de la Familia y de la Infancia de la Comunitat Valenciana que se promulgó en 2008 y en un decreto posterior que reguló su creación.
Sin embargo, lo único que queda ahora es el apellido «permanente» porque lo único que ha hecho el organismo es «permanecer» en el tiempo. Y ahí sigue. Sin espacio propio, ni personal, ni programa, ni proyecto, ni informes.
El Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia se anunció a bombo y platillo en enero de 2010 como un órgano consultivo que tenía como finalidad «hacer efectiva la participación de los agentes sociales implicados en la materia, así como de las entidades representativas del movimiento asociativo Provida en defensa de la familia y de entidades en defensa de la protección y promoción del menor», informaron en su día desde el Consell presidido por Francisco Camps.
Composición
El Observatorio contaba con 12 directores generales e incluía vocales de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), universidades, la fiscalía y diversos colegios profesionales (desde abogados a educadores sociales, graduados, pedagogos o trabajadores sociales). Tres meses después, tuvo lugar la primera reunión: la de su constitución. La institución arrancó con tres grupos de trabajo sobre «menor y discapacidad, educación en valores y carta de derechos del menor y familias numerosas».
Un año después, en mayo de 2011, tuvo lugar la segunda reunión. Y ya no hubo más. Dos reuniones en ocho años ya que el Observatorio aparece a día de hoy como un organismo dependiente del área de Igualdad en la Diversidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que, eso sí, no tiene actividad alguna. De hecho, la propia conselleria no oculta que la última reunión del órgano creado en 2010 fue el 11 de mayo de 2011.
Desde la conselleria que dirige Mónica Oltra aseguran que el anterior Gobierno del PP «no había hecho nada en Infancia. Nada. Era un páramo. Ni informes, ni datos, ni análisis... Desconocemos a qué se dedicó el Observatorio desde su creación y durante los años del gobierno popular. Nosotros llegamos en 2015 y nuestra prioridad fue realizar una nueva ley de Infancia que convirtiera a los niños, niñas y adolescentes en sujetos activos de derechos, superando el ámbito de protección al que se había reducido hasta el momento las políticas de infancia. En este sentido, el anterior Observatorio deja de tener sentido».
Esta nueva ley de Infancia, que está en proceso de tramitación para su próxima aprobación por el pleno del Consell, incluye la creación de nuevos órganos de participación, entre ellos un Observatorio de Infancia y Adolescencia, cuya constitución se concretará en el decreto de desarrollo de la ley.
De esta manera, una vez aprobada la nueva ley de Infancia, el Observatorio Permanente de la Familia y la Infancia pasará a la historia para dejar paso a un organismo similar pero con otro nombre. Y es que, según la Conselleria de Igualdad, el objetivo de Oltra durante estos tres años en cuanto a menores se refiere ha sido «contar con los mecanismos más adecuados que permitieran dar un diagnóstico adecuado para afrontar los importantes cambios que se han afrontado por la Conselleria en el ámbito de la infancia». Ocho años de un observatorio que ha tenido los ojos cerrados.
