La exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, también conocida por el sobrenombre de «La Perla» podría entrar en cinco días en prisión, si se cumplen los mismos plazos aplicados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la ejecución de la sentencia firme contra el exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco.

El siete veces conseller con cuatro de los seis presidentes de la Generalitat también pudo retrasar su ingreso en prisión a la espera del fallo del Supremo sobre su recurso. Tras cuatro meses de deliberaciones, el alto tribunal rebajó ligeramente las penas a la mayoría de acusados e, incluso, absolvió a dos de ellos.

La defensa de Blasco logró rebajar de ocho a seis años y seis meses la pena de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Aunque desde que se conoció el fallo del Supremo hasta su ingreso en la cárcel de Picassent sólo trascurrieron 5 días.

Precisamente a la primera sentencia del caso Blasco (seis años y medio para el exconseller o seis años para el empresario Tauroni por desviar 1,6 millones de euros de ayudas a Nicaragua de los que sólo llegaron 47.953 euros) aludían ayer fuentes de las defensas de los condenados por la trama Gürtel en la pieza de Fitur para evidenciar la dureza de las penas impuestas a los primeros condenados en esta macrocausa judicial.

En la pieza de Fitur, sólo ha quedado acreditado el desvío de 276.812,68 euros «en sobrecostes y facturas hinchadas por la trama» de un total de 5,6 millones en contratos ejecutados de los que las empresas de Francisco Correa lograron unos beneficios de 1,9 millones de euros.

Sin embargo, las penas son mucho mayores para los acusados de la pieza de Fitur, con penas que van desde los 9 años impuestos a Milagrosa Martínez o los 13 impuestos a Francisco Correa o Pablo Crespo.

Varias defensas anunciaron ayer su intención de presentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque estos no suspenden la ejecución de la pena. Alguno está dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para combatir una sentencia «dura» por la que estaban «disgustados».