El mal menor. Es la reflexión que realizaban ayer en el entorno de Pedro Agramunt, después de conocerse el veredicto de la Comisión de reglamento del Consejo de Europa. Es algo así como decir que están moderadamente satisfechos: no sale absuelto, pero sí libre de las ausaciones de corrupción. No obstante, en la hoja de servicios del expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) quedará la inhabilitación parcial durante diez años que le han impuesto por una «infracción grave».

El senador se libra de los cargos de corrupción tras su comparecencia del martes ante la citada comisión. Así, no será expulsado de la APCE, el organismo que presidió hasta octubre pasado, pero sí le es impuesta una sanción que él calificó ayer de «menor».

La realidad es que no podrá representar a la APCE durante diez años. Significa que no podrá participar en misiones electorales o elaborar informes. Tampoco podrá ser residente o vicepresidente de una comisión o subcomisión ni aspirar a volver a estar al frente de la institución.

La pena, con todo, queda lejos de lo que pedían los promotores de la comisión de investigación, que en abril solicitaban su expulsión del Consejo de Europa.

El político valenciano del PP se escapa de las acusaciones de corrupción vertidas en el informe de la comisión de investigación. Según este, podría haber recibido recompensas en forma de dinero, regalos (caviar) y favores sexuales de prostitutas por favorecer las posiciones de Azerbaiyán.

La resolución de la Comisión de Reglamento deja de lado esas cuestiones y sanciona al senador por la filtración del borrador de un informe que tenía encargado a Azerbaiyán. Agramunt también niega este hecho por el que finalmente será penalizado a no poder representar institucionalmente a la APCE. En todo caso, subrayó ayer que «nada tiene que ver» este cargo «con los infundios sin pruebas de actividades corruptas».

«He conseguido desmontar cualquier acusación de corrupción, aunque mi honor ha quedado dañado», destacó en un comunicado, en el que no descarta acciones legales. «No he sido privado de mis derechos políticos, como el derecho de voto, asistencia, firmar mociones y tomar la palabra», remarcó.

La sanción contra el senador valenciano del PP es, de todas maneras, más extensa en el tiempo que la impuesta a otros investigados, como el parlamentario catalán Jordi Xuclà, para el que la inhabilitación parcial que se le impone es solo de dos años.