La Conselleria de Educación y Cultura tiene ya listo el decreto para crear una red pública de servicios lingüísticos cuyo objetivo es impulsar el uso del valenciano en los municipios de la Comunitat Valenciana. La norma, en fase de exposición pública, tiene por objetivo regular desde la Generalitat todos los servicios ya existentes en las universidades y en las entidades locales y llevar a cabo una planificación común. Según el decreto, la adhesión a esta red pública será voluntaria y debe nutrirse por personal técnico propio.

Los servicios lingüísticos deberán contar con un espacio propio adecuado y, entre sus funciones, estará promover el uso del valenciano en el ámbito de los municipios así como organizar actividades y programas de dinamización. Además entra dentro de su cometido realizar tareas de asesoramiento lingüístico a los ayuntamientos y elaborar estudios y análisis sobre la realidad sociolingüística de ámbito municipal. Servirán también de enlaces para derivar las quejas o reclamaciones dirigidas a recientemente creada Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat. Cabe apuntar que esta última iniciativa generó el rechazo de los partidos de la oposición y también una advertencia desde el Consell Jurídic Consultiu por extender su vigilancia a los espacios privados. De hecho, el grupo popular ha presentado un recurso contra la citada oficina.

El decreto en fase de tramitación establece que los servicios lingüísticos de las entidades locales deben ser agentes dinamizadores y a ellos encomienda crear consejos sociales en los pueblos con representantes del tejido asociativo para consensuar acciones en favor de la lengua.

Por otro lado, se establece también una regulación general para las unidades dependientes de las universidades públicas, quienes tienen entre sus objetivos promover «actitudes sociolingüísticas favorables al valenciano y a la diversidad lingüística».

La red pública quiere ser un canal de comunicación entre la Generalitat y las entidades locales y contará con varios miembros para su dirección: dos representantes de la Conselleria de Educación, una persona en representación de cada una de las universidades y otra en representación de los ayuntamientos.

En el preámbulo del decreto, impulsado desde la Dirección General de Política Lingüística, se justifica esta nueva normativa en seguir avanzando en el objetivo de la equiparación efectiva entre el valenciano y el castellano para garantizar el uso normal y oficial de ambos idiomas en condiciones de igualdad.

«La implicación y la demanda incansable de la sociedad civil y del mundo universitario de avanzar en el camino de la normalización del valenciano en todos los ámbitos de la vida está, antes y ahora, en el origen de estos servicios que con los años han generado en verdaderas estructuras de investigación y trabajo en el ámbito de la planificación lingüística».

Cabe apuntar que aunque la Conselleria de Educación carece de competencias en las administraciones locales lleva tiempo tratando de exportar su política lingüística al ámbito municipal. De hecho, en su día, en cargó una encuesta, la primera de estas características, para conocer la implantación de la lengua en los pueblos.