La previsible liberalización o cambio de modelo de explotación de la AP-7 el 31 de diciembre de 2019 podría no reportar beneficios para los municipios que atraviesa esta infraestructura si antes no se construyen los nuevos enlaces, reclamados en algún caso desde hace décadas, y sin los que un elevado porcentaje de población residente en estas localidades seguirá teniendo problemas de acceso a la autopista.
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha remitido al Ministerio de Fomento un documento técnico elaborado en colaboración con los municipios que atraviesa la AP-7 en el que se definen «los accesos necesarios que requerirá la autopista del Mediterráneo tras su liberalización.
El director general de Obras Públicas, Carlos Domingo, aseguró que el documento habría sido remitido a Fomento «ante la falta evidente de planificación del ministerio, que no sólo no ha puesto encima de la mesa ninguna iniciativa sobre el día después de la liberalización de la AP-7, sino que además ni siquiera ha aclarado el modelo que quiere para la autopista».
El objetivo, según la conselleria que dirige María José Salvador, es «mejorar sensiblemente la movilidad en los municipios por los que pasa esta infraestructura y los de su área de influencia», recordó Domingo.
El director general recordó que los problemas de congestión actuales son «especialmente reseñables» en la zona de la N-332, donde existen numerosas travesías por núcleos urbanos, mientras que en la zona de la N-340 los problemas se ven mitigados por la CV-10. A los problemas de congestión se añaden los de seguridad vial.
«Para convertir la AP-7 en un auténtico eje vertebrador del territorio y que permita mejorar la movilidad de los ciudadanos, es necesario acometer una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la conectividad de la AP-7 con los municipios», explicó Domingo, que reclamó al ministerio una apuesta «firme» por la completa liberalización del vial «con entradas y salidas controladas a través de pocos enlaces con el territorio».
El trabajo presentado al ministerio tiene su origen en la reunión celebrada en 2017 entre la titular de la conselleria María José Salvador y los alcaldes y representantes de una veintena de municipios con los que acordo hacer «un frente común para exigir una AP-7 libre y gratuita».
Fomento mantiene en secreto la fórmula de explotación elegida para la AP-7 cuando pase a ser de dominio público el el 31 de diciembre de 2019.
