La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad solo la confiesan los borrachos, los niños y los suicidas en las cartas de despedida. Hay excepciones. Uno puede sincerarse una mañana de enero de 1990, por teléfono con su amigo Voro (Palop) y explicarle su proyecto político, que venía a ser su plan de negocios: «Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir». «Pide una comisioncita€y me das la mitad bajo mano».
Las cintas del caso Naseiro (anuladas por el Supremo en junio de 1992) constituyen la mejor declaración de principios de un empresario de la política llamado Eduardo Zaplana, un tipo genéticamente comercial que ha circulado durante casi 30 años por la cosa nostra autonómica y estatal con té, simpatía y uso de la chequera pública para comprar relatos, especialmente silencios mediáticos (su eterna obsesión), y crear una red clientelar.
Fue Zaplana quien a finales del siglo pasado ganó el gobierno para el PP (28 de mayo de 1995), luego fue edificando una hegemonía social, sobre un discurso de autoestima (el poder valenciano) y una política de endeudamiento público, y remató su obra con la implantación de un régimen que acabó siendo devorado por la crisis y los propios excesos. Convertir a la sociedad civil en un inmenso pesebre de Tyrius y troyanos siempre fue su sueño. La corrupción se indigestó cuando los estómagos se vaciaron. Ahí empezaron a flaquear las impunidades. Pero a esas alturas, mientras Garzón ejecutaba un 6 de febrero la operación Gürtel para declarar inaugurada la persecución judicial de la corrupción, Zaplana ya había huido a Madrid desde hacia siete años, en julio de 2002. En aquel febrero gürteliano preparaba su salida de la política, en la que llegó a ser mano derecha de Mariano Rajoy.
La foto de Zaplana detenido en el coche policial es como el remate de la falla que cae sobre las cenizas. Es el acta de defunción final del régimen que iba para liberal y acabó siendo un paradigma de intervencionismo. Fue el presidente que forzó hasta un cambio en la ley de cajas para controlarlas políticamente y obligarlas a costear caprichos de faraón y necrópolis como Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la Ciudad de la Luz. José Luis Olivas y especialmente Camps completaron el mapa del cemento con los grandes eventos (como la Fórmula 1 o la visita del Papa), cocidos igualmente con comisiones.
Siempre aplicó la máxima de no dejar nunca heridos ni hambrientos. Siempre tuvo claro que no hay mejor venda que un fajo de billetes. Con estos principios motores Zaplana logró que cada escándalo deviniese un trampolín. No toda la cantera del aznarista clan de Valladolid sobrevivió al caso Naseiro. Por ejemplo Arturo Moreno, vicesecretario general del PP, cayó. Y la Generalitat zaplanista lo abonó posteriormente a una minuta fija, en el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). A la bailarina socialista María Sánchez Trujillo, Maruja, que le dio la alcaldía un 22 de noviembre de 1991, a su marido y alguno más de la prole les abonó el Ayuntamiento de Benidorm y la Diputación de Alicante 1,2 millones de euros en nóminas.
Más vidas políticas que un gato
Con más vidas políticas que un gato, Zaplana sobrevivió también al escándalo derivado del impago de 180.000 euros por la adjudicación de los mapas sonoro y verde de Benidorm, concedidos como alcalde a la Delta Ingenieros del empresario Vicente Conesa. Aquello generó unas grabaciones al líder provincial del PP Vicente Sanz, que se saldaron con la defenestración de éste y su colocación luego, para que no piara, como virrey de la extinta RTVV, el altavoz de los silencios del PP durante aquellos 20 años de régimen de cartón piedra.
La omertà de Conesa se pagó con contratos de Terra Mítica, la pirámide que le tocó a Benidorm en el reparto de reclasificaciones y sobrecostes (con comisiones piramidales) diseñado por Zaplana. De buscarle un porvenir a Conesa y a su C3 Ingeniería se encargó el mismo que de recomendar a Palop a una empresa privada regada por contratos públicos: Juan Francisco García, la voz, oídos y mano ejecutora de Zaplana, el conseller para asuntos delicados, de esos que transitan por el subsuelo y se liquidan con un apretón de manos sin IVA. Cualquier emprendedor de aquella época prewhatssap, sabía de la eficacia de un vis a vis con Juanfran.
Veinte años después de facturar como contratista de aquel erial (vaya ironía el bautizo de la operación policial) a los pies de Serra Cortina, a Conesa le cayeron 23 años y pico de prisión como cerebro de una red para defraudar 2,7 millones en la construcción del parque. El excuñado de Zaplana, Justo Valverde, también fue condenado.
Así han ido saliendo de la partida los peones de albañil del régimen, los promotores y los constructores. Hasta los aparejadores. Como Rafael Blasco, quien siguió la detención de Zaplana desde Picassent.
En temporada alta de juicios por la resaca de la corrupción, justo cuando Camps intenta explicar ante el juez que los burros volaban en la Fórmula 1, ha caído el padre de esta cosa nostra. El tercero de cuatro presidentes populares. El cuarto, Alberto Fabra, se dedicó a vender la chatarra del régimen a precio de desguace. Por dos euros, dos cajas de ahorros. Y liquidó Canal 9.
Nunca se retiró
Zaplana nunca se retiró de la política porque nunca dimitió como empresario. Simplemente dio un paso atrás y apuntaló sus dos piernas en el lado oscuro. El juez del caso Lezo, el paradójicamente excargo público zaplanista Eloy Velasco, lo estaba investigando junto a medio centenar más de notables por las presuntas mordidas de Ignacio González, a cuenta del Canal Isabel II. González, una copia madrileña del madridista Zaplana.
Ha sido detenido presuntamente por blanquear dinero que estaría repatriando. Presuntas comisiones por las ventas al por mayor de las estaciones de ITV (operación con el sello Juan Francisco) o concesiones de parques eólicos. La pista del dinero, que diría Mark Felt, el exFBI, parece que es imborrable. Los accidentes suelen suceder en la vuelta, en carreteras secundarias, en las que uno se confía. Será por vanidad o por la relajación que otorga la impunidad. Esa que lleva a uno a desafiar desde la tribuna de las Corts al entonces portavoz del PSPV Ximo Puig, un 14 de junio de 2001. «Y su señoría no podrá nunca acreditar nada, absolutamente nada€» Ni su señoría ni quien «lleva el ejercicio de la oposición que usted le ha subcontratado», retaba mientras observaba a este periodista, que seguía atento la jugada desde la garita de prensa.
Era uno de los debates del caso IVEX-Julio Iglesias, una estafa perpetrada en formato foto. Porque el primer retrato desfalco de familia no fue el de Camps con Urdangarin. Tampoco el más caro. La palma se la llevan los contratos firmados el 29 de diciembre de 1997 por Julio Iglesias y el IVEX. Contratos porque hubo dos. Uno en A (2,2 millones de euros) y otro en B (casi 6 millones de euros). El 26 de febrero de 2004, este diario publicó la existencia del acuerdo B, reiteradamente negado por Zaplana y su Consell. La prueba irrefutable que había pedido el ya expresidente desde la tribuna parlamentaria. Era el plan de atraco a las arcas públicas, escondido a la oposición, a la opinión pública y a la Sindicatura de Comptes, perpetrado en cinco escenarios internacionales: Orlando, Tokio, Moscú, México y Shangai, las plazas en las que Julio Iglesias cantó por cuenta del IVEX. De aquel desfalco, Levante-EMV publicó no menos de dos centenares de entregas, entre 1999 y 2012.
El dinero público voló a paraísos fiscales, a cuentas numeradas y secretas como la de UBS en Nassau (Bahamas), que fue receptora de 475.000 dólares de un swift bancario ordenado desde el Arab Bank de Valencia, donde el IVEX tenía cuenta. Firmas off shore como Midway International, Gold Peak Trade Service o International Concerts (guarden estos nombres) canalizaron el dinero catalizado por este contrato. Tras los reiterados capítulos del saqueo que se fueron desgranando en estas páginas, el PSPV interpuso una querella en 2004, impulsada por el letrado José Luis Vera.
Peritos de la Agencia Tributaria tasaron el pufo total en casi 9 millones de euros. Pero la cifra fue bastante más espectacular. Se colgaron millonarias facturas falsas, por servicios no prestados, de la percha de supuestos gastos de organización de conciertos. Delegados del IVEX o su ex director general, el condenado por otra causa y prófugo José María Tabares, declararon al juez que actuaron por orden de Zaplana y Juan Francisco García. La causa sigue técnicamente viva desde hace 14 años en un juzgado. El cantante ya admitió el timo cuando declaró en comisión rogatoria en un juzgado de Punta Cana. No pasó nada.
Es, sin duda, la gran causa de corrupción zaplanista que testimonia la impunidad política, mediática y hasta judicial con la que actuaba el arquitecto del régimen avalado con cuatro mayorías absolutas.
Mucho antes de trascender este presunto blanqueo, el imaginario colectivo valenciano estaba presidido por un blanqueo mediático de la figura de Zaplana. Por una memoria de pez, una interesada amnesia de caballo. Ayer, muchos ciudadanos (hasta los de Rivera) cayeron en la cuenta de que, como diría Piqué, «Eduardo, contigo empezó todo».
