Uno de los orígenes de la investigación de la «Operación Erial» se encuentra en el «Operación Erial»«Caso Taula», la macrocausa de corrupción que investiga el presunto cobro de mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València.
Un dossier entregado por un sirio al yonki del dinero, Marcos Benavent, con documentación relacionada con el Plan Eólico, adjudicado en 2002 en varias fases que culminaron en 2003, a cinco grandes grupos de empresas, ha sido una de las claves para iniciar la investigación en 2015.
Y tras la pista de estas adjudicaciones acudieron ayer agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Conselleria de Economía Sostenible para requisar la documentación relativa al Plan Eólico, en concreto las zonas adjudicadas a la sociedad Proyectos eólicos valencianos.
Aunque también recogieron documentación sobre las adjudicaciones de las ITV (Inspecciones técnicas de vehículos) privatizadas por Zaplana en 1997. Un proceso que estuvo directamente tutelado por el entonces jefe de gabinete del jefe del Consell, Juan Francisco García.
El registro de la UCO en la Torre 2 de la Ciutat administrativa 9 d´Octubre, donde está ubicada la Conselleria de Economía Sostenible, se prolongó desde las 10.30 hasta las 16.00 horas. Los agentes precintaron varios armarios en la séptima planta del edificio del departamento que dirige Rafael Climent.
Curiosamente, la mercantil Proyectos eólicos valencianos ya estuvo en el centro del juicio por el que José Luis Olivas y Vicente Cotino fueron condenados a un año y seis meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Púiblica.
El hecho por el que ambos se sentaron en el banquillo fue el pago en 2008 de Cotino a Olivas de una comisión de 580.000 euros (IVA incluido) por «mediar» en la venta de las acciones en Proyectos Eólicos Valencianos SA -participada por Endesa (55%), Sedesa Inversiones (20%) y Bancaja (20%)-.
Durante el juicio, Olivas no tuvo empacho en admitir que jugó a tres bandas en esta operación en la que, según él, todos ganaban. En 2008 presidía Bancaja y, por su cargo, era consejero de Iberdrola, a quien intentó colar las acciones en venta. «Yo defendía los intereses de Bancaja y del señor Cotino, pero también los de Iberdrola, que quería tener un parque eólico en la Comunitat Valenciana». Finalmente Endesa ejerció su derecho de adquisición preferente y compró el 45% de Proyectos Eólicos Valencianos SA. La operación generó «plusvalías de de 39,3 millones», según admitió Cotino durante la vista.
Precisamente fue la decisión del empresario y sobrino del expresidente de las Corts, Juan Cotino, de deducirse como gasto el pago de 580.000 euros a Olivas, para ahorrarse 150.000 euros en el impuesto de sociedades de 2008, lo que motivó una inspección de la agencia tributaria que acabó en la condena a un año y medio de cárcel para ambos.
La venta del 45 % de Proyectos Eólicos Valencianos SA a Endesa se saldó con «39 millones de euros de plusvalías». Según declaró Olivas, logró vender las acciones «por encima del precio del mercado». El coste total de la operación alcanzó los 120 millones, ya que «la compradora también tuvo que asumir los 53 millones de deuda. Después de impuestos la plusvalía fue de 39,3 o 39,7 millones», admitió Cotino.
En el Plan eólico adjudicado en varias fases entre 2002 y 2003 (aunque comenzó a prepararse la adjudicación a principios de la pasada década) los aspirantes liderados por Iberdrola, Necso-Elecnor y Endesa fueron los grandes vencedores en la pugna por repartirse el plan eólico valenciano, que se quedaron 13 de las 15 áreas en liza, aliados con las principales empresas valencianas de la construcción.
Las dos grandes cajas valencianas, ya extinguidas, también se reengancharon al Plan eólico al integrarse como socios financieros en los tres principales consorcios adjudicatarios.
Las concesiones de la ITV, privatizadas durante la etapa de Eduardo Zaplana, se adjudicaron en cinco lotes para un plazo de 25 años -prorrogable hasta los 75- por 6,1 millones de euros.
Los adjudicatarios fueron empresas como Servicio de Excavaciones y Levantina de Obras y Edificios (lote 1º), Atisae, Cecam, Técnicas Medioambientales y Juan Vicente Ortí (lote 2º); la unión temporal de empresas formada por General de Servicios ITV, Aguas de Valencia SA y Aragonesas de Servicio (Lote 3); Aseguramiento técnico de Calidad SA (Lote 4); y, por último, el Lote 5 recayó en la UTE formada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Gesfesa Valencia SL, Pavasal Empresa Constructora SA, Mayve Obra Civil Benidorm SA; Supervisión y Control SA y Control ITV SA».
