Pese al bloqueo informativo que rodea las investigaciones policiales que han desembocado en la detención del exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, la Unidad Central Operativa parece centrar sus pesquisas en las concesiones de las ITV y de los parques eólicos de la Comunitat Valenciana, cuya adjudicación en 2002 ya estuvo rodeada por numerosas polémicas debido a la fórmula concesional elegida.
Mientras en otras autononmías, la Administración se limitaba a establecer las zonas más idóneas, marcar los condicionantes técnicos y medioambientales y recibir proyectos sobre los que se establecía concurrencia competitiva, en la Comunitat Valenciana se optó por dividir el territorio con potencial eólico en 15 zonas y sacarlas en bloque en concurso.
Los afortunados ganadores adquirían el monopolio sobre todos los parques viables en esa zona y recibían, en la práctica, vía libre para establecer sus propios plazos de desarrollo. También, llegado el caso, para «hacer el pase» a otras compañías como ocurrió pocas semanas después y en 2008, con las participaciones de Sedesa, la empresa de la familia Cotino, en Proyectos Eólicos Valencianos. Otro expresidente, José Luis Olivas, medió en la operación de venta de estas acciones a Endesa, logrando una comisión que quiso ocultar al fisco y que le ha costado una condena de un año y medio de cárcel. La plusvalía, para Sedesa, se estima en 39 millones de euros.
Las adjudicaciones que se investigan ahora por parte de la UCO se dieron a conocer el 12 de enero de 2002. El gran beneficiado fue Renomar (Energías Renovables del Mediterráneo), integrado entonces por Iberdrola, Energía Hidroeléctrica de Navarra y azulejeras de Castelló incluida la de Fernando Roig, que llegó a presidir la compañía. Renomar recibió de una tacada el 35 % de los parques eólicos (23 en total) mientras el consorcio Guadalaviar, formado por Elecnor y Acciona (Necso), entre otros, se quedaba el 28% de los parques.
Por su parte, Proyectos Eólicos Valencianos, donde figuraban Endesa y Sedesa, entre otros, recibió cuatro parques eólicos en la Canal de Navarrés y el Alto Palancia.
Menos favorecidos resultaron Nuevas Energías Valencianas (Nevag, Umwelt Kontor, Grupo Empresarial Cooperativo Valenciano e Industrias Ochoa) y Eólica de Levante (Colortex, Elecdey y Eléctricas del Vinalopó). La adjudicación dejó fuera a Gamesa, por entonces una empresa puntera en energía eólica y generó numerosos recelos tanto en el ámbito empresarial como en el político. El por entonces portavoz del PSPV en las Corts y actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, denunció en el parlamento «oscuros intereses».
Miguel Navarro, piedra angular
El concurso se gestó en la conselleria de Innovación, donde Zaplana tenía por entonces dos fieles escuderos: el conseller Fernando Castelló, ahora consejero en el Consejo de Seguridad Nuclear, y Miguel Navarro como subsecretario de Industria y Energía. Si surgían problemas medioambientales, otro íntimo de Zaplana y miembro junto a él de la Peña Picarol, Fernando Modrego, podría resolverlos como conseller de Medio Ambiente.
Miguel Navarro aparece vinculado a los órganos de la Administración donde podrían haberse generado las comisiones por las que se investiga a Eduardo Zaplana y en el momento oportuno.
Además de mandar en el área de Industria en el momento clave de la adjudicación del plan eólico, Zaplana situó también a Navarro en proyectos estratégicos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias -donde fue director general y de donde cobró al menos hasta el 2013 alrededor de 70.000 euros mensuales- y en Terra Mítica (1999-2001), donde gestionó decenas de millones de euros antes de ser finalmente imputado y más tarde absuelto. El Fiscal pedía para él 10 años de cárcel por presunto delito fiscal, de estafa y falsedad documental.
Aunque no consta que Navarro participara en las adjudicaciones de las ITV investigadas ahora por la UCO como presunto origen de «mordidas» - el proceso de privatización fue culminado el 6 de noviembre de 1997, mucho antes de su llegada a esta conselleria que tenía entre sus competencias las de las ITV-, su paso por Industria coincidió con un incremento brutal de las tarifas de la ITV -de 2000 a 2003 se incrementó la tarifa ponderada de 18 a 46 euros hasta convertirse en la más alta del Estado, lo que provocó un terremoto en las concesiones. Muchos de los concesionarios iniciales, entre los que figuraban destacados empresarios valencianos agraciados en una mesa presidida por Juan Francisco García, otro de los detenidos en la operación «Erial», aprovecharon para vender, obteniendo importantes plusvalías.
