Las defensas de los ediles acusados por el presunto pitufeo cometido por el grupo popular municipal han recurrido a la Audiencia de València para que obliguen al juez del Caso Taula a incorporar la grabación completa que la Guardia Civil hizo de la conversación de la exedil Maria José Alcón con su hijo en la que admitía la «corrupción total» en el partido.

La batalla por acceder a la grabación completa se libra desde hace casi un año. Las defensas de los ediles investigados recelan de la veracidad de las grabaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo a Maria José Alcón, en las que también admitía el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) en las elecciones de 2015. El magistrado del Caso Taula, Víctor Gómez Saval, y la Fiscalía Anticorrupción no quieren entregar la grabación completa porque incluye conversaciones privadas que afectarían a la intimidad de la exedil. La defensa de Maria José Alcón también se opone.

El penúltimo episodio rocambolesco de esta batalla por acceder a la grabación completa se produjo el pasado 8 de noviembre cuando las defensas quisieron que un perito informático forense analizara los soportes informáticos originales. La polémica surgió cuando se conoció que el perito era Luis Enrique Hellín Moro, un ultraderechista, militante de fuerza nueva y miembro del Batallón Vasco Español condenado en 1980 por el asesinato de una joven vasca.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la nueva andanada de las defensas para acceder a la grabación porque, según su escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV, «el instructor ya cumplió sobradamente» la petición de los letrados al «incorporar la firma electrónica y la autenticación de que dicha copia de DVD no se encuentra manipulada». Y añade que el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel, que usa la Policía y la Guardia Civil, está avalada por el Supremo y que si se alega manipulación «debe presentar cumplida justificación».