Mañana martes no habrá educadores en las escuelas. Ni de infantil ni de educación especial. Se encargan de los alumnos más vulnerables del sistema -de los más pequeños y de aquellos que tienen necesidades especiales- pero mañana no irán a trabajar.
Y es que durante tres días consecutivos, los educadores valencianos están llamados a la huelga, aunque se cubrirán los servicios mínimos. Así, el cambio higiénico de los menores está, al menos, cubierto. El resto de necesidades será otro cantar aunque los alumnos de los que se encargan son, precisamente, los que no dicen nada.
Niños que padecen una discapacidad física, una movilidad reducida, una discapacidad psíquica... niños con autismo o trastornos en el lenguaje. Niños a los que les «cuesta» comunicarse y que no le «cotorrean» a su familias lo que pasa de puertas para adentro del colegio.
Intersindical Valenciana ha anunciado movilizaciones para los días 29, 30 y 31 de mayo en toda la Comunitat Valenciana tras un año de protestas que han caído en saco roto. Cuatro huelgas secundadas durante el primer trimestre de 2017, una gran manifestación en el mes de diciembre, la admisión a trámite de una queja colectiva la Sindic de Greuges y la presentación de 5.386 firmas recogidas mediante la plataforma Change.org no han sido suficiente para que se convoque la mesa técnica que debe abordar la negocación de las funciones y los horarios de unos educadores que declaran «insostenible» la situación.
Se sienten «marginados» por una Adminsitración que los mantiene en tierra de nadie. Trabajan para la Conselleria de Educación, habida cuenta de que se encargan de los menores de infantil y con diversidad funcional en los colegios, pero dependen de la Conselleria de Función Pública. Una situación herededa del anterior Gobierno que «nadie entiende» y nadie soluciona.
«El personal de educadores en los centros educativos realiza jornadas horarias que exceden la normativa que regula sus condiciones de trabajo. No se respetan los permisos, ni las licencias, ni los horarios de trabajo que obligan a una atención directa de ocho horas. No tienen tiempo de participar en reuniones y están obligados a trabajar durante el horario de comedor y de las extraescolares de los alumnos, aunque existen empresas privadas que reciben un dinero por hacer una tarea que ha pasado a ser responsabilidad de los educadores», explican desde Intersindical Valenciana.
El problema reside en que son ellos, los educadores de infantil y especial, los que trabajan con los más vulnerables de la sociedad. Niños muy pequeños o con necesidades especiales. Niños que no les cuentas a sus padres lo que pasa de «puertas para adentro» cuando la plaza de un educador lleva meses sin cubrir y otro compañero se encarga de atender a sus alumnos, y a los que no lo son, porque los niños no se pueden quedar sin atención. O sí.
«Inclusión de boquilla»
Las familias se revuelven y resienten ante un sistema que les prometió una «inclusión» que «no es real y solo está en los papeles». Porque los profesionales de educación infantil y educación especial «somos relegados a meros trabajos asistenciales con prácticas obsoletas y alejadas de los estándares de la educación inclusiva. Las escuelas han abandonado prácticas de calidad en función de simples parámetros de rentabilidad económica».
Y es que para Intersindical Valenciana, la Conselleria de Educación «sigue instalada en modelos arcaicos, que aumenta las ratios, masifica las aulas, sobrecarga al personal y mercantiliza la educación del alumnado».
