En los inicios de la legislatura autonómica, con el PP en la oposición por primera vez en 20 años, la dirección que comanda Isabel Bonig dio por sentado que la corrupción ya no volvería a pasar factura a sus expectativas electorales. Concluyó que los valencianos ya habían apartado al PP del Consell, las responsabilidades políticas quedaban satisfechas y la corrupción, amortizada. Cuando fue elegida presidenta, Bonig pidió perdón y dijo que era la última vez que lo hacía. Esta misma semana, tras la detención de Eduardo Zaplana, ha vuelto a insistir en que el PPCV ya asumió su responsabilidad.
Pero la agenda judicial se niega a marcharse y cíclicamente reaparece con dureza para cortar de raíz cualquier aspiración del aún partido mayoritario en la Comunitat Valenciana de presentarse sin casos de corrupción vinculados a sus siglas en las autonómicas y municipales de mayo de 2019.
El mazazo de esta semana ha sido durísimo. La caída de Zaplana, indemne desde que hace casi tres décadas se archivaran unas grabaciones muy comprometedoras en las que aseguraba que necesitaba mucho dinero para vivir, ha conmocionado a un partido en el que se nota el hastío y el cansancio por no poder apartar la corrupción de la agenda.
Una agenda judicial que es realmente diabólica. Del análisis de la situación judicial que afecta a la gestión de los 20 años de gobierno PP se puede concluir que es mucho más lo que queda por dirimirse en los tribunales que los casos que ya tienen condena en firme y por tanto formarían parte del pasado. Según el recuento que ha realizado Levante-EMV los siete detenidos en la operación Erial (entre ellos Zaplana) más los otros tres investigados elevan a 420 los implicados en distintos procesos judiciales relacionados con cargos populares valencianos.
De la veintena de casos en los que están inmersos dirigentes de los antiguos gobiernos de Zaplana y Camps solo dos tienen sentencia firme. El caso Blasco, que acabó con el siete veces conseller en prisión y el de los contratos de Fitur que ha llevado esta semana a la cárcel a la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts Milagrosa Martínez.
Pero las páginas de tribunales no se van a despegar de las siglas del PP en años. Falta por conocer las sentencias por la presunta financiación ilegal del PPCV, que el exsecretario general Ricardo Costa admitió durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional junto a nueve empresarios que también se declararon culpables.
De los grandes eventos de la era popular está casi todo por decidir. Sólo las irregularidades cometidas en la organización de la visita del papa de 2006 y los contratos con la Gürtel de las pantallas del evento suman 23 investigados, entre ellos el expresidente Francisco Camps y el exvicepresidente Juan Cotino.
Entre condenados, encarcelados o imputados hay tres presidentes (Camps, Zaplana y Olivas), tres exvicepresidentes (Cotino, Vicente Rambla y Víctor Campos) y 11 consellers (Milagrosa Martínez, Rafael Blasco, Serafín Castellano, Luis Fernando Cartagena, José Joaquín Ripoll, Lola Johnson, Mario Flores, Luis Rosado, Manuel Cervera, Alicia de Miguel y Mari Àngels Ramón-Llin). Además de tres expresidentes de diputación, Alfonso Rus, Carlos Fabra y Ripoll.
El reguero de los grandes eventos
La celebración de la Fórmula Uno también ha dejado un reguero de investigados, cuatro por la construcción del circuito y 14 por la compra de la endeudada Valmor. En ambas también aparece el expresidente Camps que sigue defendiendo la honradez de su legado como jefe del Consell.
Pendiente de sentencia está también el caso Emarsa con 24 procesados por el saqueo de 23 millones de euros de la antigua depuradora de Pinedo. Once de los acusados confesaron los delitos.
El caso Blasco, por el que exconseller acabó en prisión por el saqueo de las ayudas de cooperación a Nicaragua aún tiene dos piezas más por juzgarse e instruir, entre ellas la que investiga las ayudas destinadas al hospital en Haití que no se construyó o las ayudas para tratar a mujeres con sida en Àfrica. Hay 24 imputados. Algunos más, 27, aparecen en la pieza principal y las separadas del caso Avialsa, por el que fue detenido hace tres años el exconseller y delegado del Gobierno Serafín Castellano, que también tuvo carteras tanto con Zaplana como con Camps.
Numerosos casos pendientes
Por juzgar están también otros casos con cargos investigados vinculados a la gestión de los años del PP. Uno de ellos es el de las irregularidades del IVAM en los diez años en que estuvo al frente Consuelo Ciscar, que ya suma 16 personas investigadas. El caso Palau, que llevó a la detención de la antigua intendente, Helga Schmidt, juzgará a partir de enero a cinco acusados.
Además, en marzo de 2017 la policía arrestó al exgerente del hospital General de València Sergio Blasco, sobrino del exconseller, y a otras ocho personas en la denominada operación Osvaldos.
También hay una pieza abierta por el agujero millonario en la antigua RTVV. En el caso de los contratos de la Generalitat con Gürtel hay tres exconsellers de Sanidad implicados, Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera junto a los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ya encarcelados por la sentencia de Fitur.
En el caso Brugal, relacionado con irregularidades en las adjudicaciones de contratos de basuras y que de momento se circunscribe a la provincia de Alicante hay 35 procesados o investigados. Entre ellos el expresidente de la diputación José Joaquín Ripoll, mano derecha de Zaplana durante años. En Alicante también fue condenado el exalcalde de Torrevieja y diputado Pedro Hernández Mateo
Una panorama suficiente para dejar sin aliento a un partido que insiste en que está limpio y ha dejado atrás la corrupción.
