El nuevo modelo residencial de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, «ha dejado fuera» a las empresas más pequeñas, «no ha aplicado cláusulas antimonopolio» y ha dejado la adjudicación del 80 % de las 3.300 plazas «en manos de quienes formaron parte del denominado modelo Cotino».
Así lo aseguró ayer la patronal de las residencias, Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la CV) tras el anuncio de un nuevo modelo residencial que supone un ahorro para el usuario de entre 816 y 1.632 euros al año al incluir criterios de calidad en las licitaciones.
Para Aerte, es cierto que se producirá un ahorro para el usurario al incluir servicios gratuitos de peluquería, acompañamiento o podología, aunque desde la patronal afirman que «el importe de 1.600 euros es demasiado optimista».
Y es que Aerte quiere dejar claro que los «más beneficiados en las licitaciones han sido los mismos que estaban con Cotino. Los mismos que se beneficiaron del sistema ahora seguirán dominando la gestión».
Así, destacan las 843 plazas que ha logrado Savia,
El 15 % de plazas, desiertas
Aerte, además, ya había anunciado que serían las mismas empresas las que se beneficiarían del concurso público. Y no porque tengan una bola de cristal, sino porque los pliegos de condiciones del concurso limitaban el acceso. De hecho, casi el 15 % de plazas (495) se han quedado desiertas «y no por factores relativos a la calidad».
«En primer lugar porque el número mínimo de plazas a concertar se fijó en 10 y eso impidió presentarse a muchas residencias pequeñas. Además, la empresa debía disponer de los requisitos que se exigían antes de saber si la entidad iba a ser adjudicataria de plazas. Por ejemplo, la enfermería 24 horas había que tenerla simplemente para presentarse. Y muy pocas empresas lo tenían antes, solo las grandes. En último lugar, el precio ha sido importante en determinados lotes como el de València capital ya que se encuentra alejado del precio medio», explicó ayer el presidente de Aerte, José María Toro.
Discrepancia en los datos
Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas explicaron que el concurso había incluido cláusulas antimonopolio, pero desde Aerte lo niegan.«En el concurso no había clausulas antimonopolio
. Lo que había era un límite por centro que podía llegar a ser del 40 % por este concurso. Es decir, no se limitaba el número total de plazas de una empresa entre todos los centros; ni el número de centros de una empresa; y no se limitaba el número de plazas públicas que podía tener ningún centro (hay centros de Accesibilidad Social que a través del concurso original, de las plazas del concurso de 3.300 plazas, de las PVS, de las PVS de Garantía y de los enriquecimientos injustos tienen prácticamente el 100 % de las plazas pagadas con fondos públicos)», lamenta Toro.
Además, Aerte también critica las cifras aportadas por la Conselleria. «Los datos del Observatorio de Dependencia, nunca cuestionados por la Consellería, en diciembre de 2017 reflejaban 13.890 plazas residenciales de financiación pública en la Comunitat Valenciana, por lo que no entendemos cómo sale el dato de 17.069 plazas que dice el Consell».
