El directivo del Ivace, organismo dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, al que se investiga por espiar actas del plan eólico, Alfonso Roselló, trabajó en Aguas de Valencia (AVSA)durante los años de grandes presiones políticas, tanto desde la Generalitat de Eduardo Zaplana como del Ayuntamiento de Rita Barberá, para «valencianizar» el capital social de la firma hídrica participada entonces por Saur Internacional (Grupo Bouygues) como accionista mayoritario.
En la propiedad también participaba Banco de València, las firmas castellonenses Facsa y Lubasa, así como Grupo Boluda, cuyo propietario,Vicente Boluda, se convirtió en presidente de la compañía con sede social en Marqués del Túria entre 1998 y 2007 después del pacto de los accionistas valencianos, abiertamente enfrentados a los galos.
La campaña desatada por las Administraciones públicas en manos de PP sobre Aguas de València para garantizar el control de los socios locales -para ello sellaron un pacto de accionista a través de la mercantil Agval - se produjo en vísperas de que concluyera la vigencia del contrato de suministro de agua del Cap i casal de Rita Barberá, que terminaba el 22 de marzo de 2002.
La concesión sería gestionada por una sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento de València y la empresa que recibiera la adjudicación, que fue AVSA. Este contrato hídrico representaba algo más del 50 % del volumen de negocio de la empresa de servicios hídricos. El concejal del Ayuntamiento del PP Alfonso Grau fue quien más impulsó la «valencianización» de Aguas.
Canal de Isabel II
Garantizada la «valencianización» que impulsaron a finales de la década de los noventa el Consell de Zaplana y la alcaldesa Barberá propiciando la entrada de las citadas firmas autóctonas, Aguas planificó una ambiciosa expansión nacional e internacional que contemplaba la puja por el control del Canal de Isabel II, también en manos de una Administración autonómica en manos del PP.
Este gran negocio hídrico nacional generaría una cifra de negocio anual de 750 millones de euros, con unos beneficios netos de 130 millones hace una década.
En aquellos tiempos, el grupo Bouygues redujo su control en AVSA para dar entrada el naviero Vicente Boluda, quien tomó el mando de la sociedad apoyado por los socios galos.
La multinacional con cuartel general en París quería elevar los horizontes de la mercantil valenciana, cuyo negocio se reducía al gran contrato que mantiene con el Ayuntamiento de València, algunos más con otras corporaciones locales de la Comunitat Valenciana y otras autonomías. Pero poco más.
La posible privatización del Canal de Isabel II, empresa de titularidad municipal, era la oportunidad perfecta para que AVSA se convirtiera en uno de los grandes del sector, como Agbar o las divisiones de servicios de constructoras como FCC.
Además, tenía la bendición de Zaplana, gran amigo de la compañía parisina y que también intermedió con ACS para convertirse en aliado de Aguas de Valencia para entrar en la firma madrileña si accedía el capital privado al Canal de Isabel II.
Reuniones en París
De hecho, el otrora presidente de la Generalitat y ministro de Trabajo mantuvo diversas reuniones con los altos cargos de Bouygues para configurar un grupo mediático afín al Consell a través del Grupo Tabarka.
Varios socios de esta firma estaban relacionados directamente con Eduardo Zaplana o con el PP, tal como en su día contó este diario.
