La investigación sobre el presunto espionaje en la documentación del plan eólico que se encontraba en una de las naves del Centro de Archivo y Logística que la Generalitat tiene en Riba-roja no se centrará exclusivamente en Alfonso Roselló, el jefe de área del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), a quien el Consell ha abierto un expediente al sospechar que pudo tener acceso a un expediente que sirve de prueba a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con motivo del Caso Erial, que ha acabado con el expresidente Eduardo Zaplana, en prisión. La Conselleria de Transparencia, el departamento que ha heredado la investigación, ha movilizado a dos personas de la inspección de servicios, que indagarán no sólo los movimientos de Roselló, si no de todas aquellas personas que a lo largo de los últimos meses entraron en este gran almacén, un lugar donde las diferentes conselleries depositan los expedientes cerrados y con años de antigüedad.

Roselló, jefe de área de Recursos Humanos del Ivace, aparece en principio como el principal sospechoso porque estuvo en el Centro Logístico el pasado 16 de mayo (así consta en los registros de entrada y salida), pero, según ha podido saber este diario de varias fuentes, estar en el lugar del crimen y tener un móvil (su antigua amistad con Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana) no lo convierte directamente en culpable. De hecho, según estas fuentes probablemente no tuvo acceso directo a la nave donde días después la UCO encontró la carpeta del plan eólico con los papeles alterados.

Las primeras indagaciones internas apuntan a que Roselló y dos técnicas del IVACE acudieron a Riba-roja para buscar un acta de 1997 relativa a la masa salarial de la plantilla del antiguo Impiva y por indicación de la Conselleria de Hacienda que buscaba documentación sobre la relación de puestos de trabajo del Ivace. Esta documentación, siempre según estas fuentes estaría depositada en una nave diferente a donde se encuentran los expedientes de la antigua Agencia de la Energía. Es allí donde seis después acudió la Guardia Civil en busca de pruebas y encontró la carpeta con información del área IV del plan eólico relativa a la adjudicación a Sedesa, firma de la familia Cotino, también investigados en el caso Erial. Para más embrollo, esta carpeta que estaba encima del archivador no debería estar en Riba-roja sino en Industria, ya que el expediente sigue vivo. La conselleria tiene previsto licitar de nuevo los lotes que se llevó Sedesa y no ejecutó.

Roselló mantuvo una reunión con personal técnico del Sector Público y Presupuestos el día 15 y el día 17 envió un email a este departamento con el acta requerida. Esta, al menos, sería la primera versión facilitada por el alto funcionario que ayer fue a trabajar al IVACE, situado en la Torre II, donde también tiene sede la Conselleria de Economía.