El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) comunicó ayer a Ana María Grau, excoordinadora de ferias de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), que suspende su ingreso en prisión hasta que el Gobierno decida sobre su petición de indulto. Grau fue condenada a tres años de cárcel en la pieza de la trama Gürtel de Fitur por el presunto amaño de contratos con las empresas de la trama Gürtel.
La técnica de la AVT es la única entre los condenados de este caso que evita de momento la cárcel. Ayer mismo, el TSJCV comunicó a Mónica Magariños, trabajadora de Orange Market, que debe ingresar de inmediato en la prisión que elija, para cumplir sus tres años de cárcel, por la gravedad de sus delitos.
Magariños también ha solicitado el indulto, pero al estar imputada en otra causa del Gürtel, por la que se enfrenta a ocho años de prisión y «supone un superior grado de participación en la actividad delictiva llevada a cabo».
La tercera condenada que había solicitado la suspensión del ingreso en prisión hasta la resolución de un posible indulto es la exadministradora de sociedades del grupo Correa, Isabel Jordán, pero recibió una respuesta negativa.
Grau permanece así en libertad a la espera de ver qué sucede con su petición de indulto. Es complicado que prospere si el Gobierno mantiene su filosofía. El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado en alguna ocasión esta medida como una de las principales en la política del ejecutivo de Rajoy contra la corrupción. No obstante, otras entidades rebaten esa afirmación.
El resto de condenados, entre los que están otros empleados de Turismo, como Rafael Betoret y Jorge Guarro, están en prisión desde la semana pasada.
Como adelantó ayer Levante-EMV, los tres han pedido una excedencia en sus plazas para intentar sortear la sanción de la inhabilitación. El organismo que dirige Francesc Colomer pidió a la Abogacía de la Generalitat que se pronunciara sobre esta reclamación, pero según ha podido saber este diario los letrados han devuelto a Turismo la pelota.
Consideran que cuenta con servicios jurídicos que conocen mejor su convenio y que, aunque pueden asesorarle en alguna cuestión técnica, es a esta institución a la que compete dictaminar sobre una petición que algunas voces del Consell consideran que colisiona con la firmeza del Botànic en la lucha contra la corrupción.
