Una funcionaria de la Administración valenciana, que durante años estuvo adscrita a Presidencia de la Generalitat, obligó al gobierno valenciano a fimar en 1996 una cláusula por la que el Consell se comprometía a que en ningún caso ella podría conocer en persona al presidente de la Generalitat, en aquel momento Eduardo Zaplana, hoy preso en la cárcel de Picassent acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
El acuerdo se firmó hace 22 años, aunque ha trascendido ahora, y tenía por objeto preservar el trabajo de la mujer y asegurar la imparcialidad de su análisis sobre la figura del presidente.
La empleada pública no trabajaba físicamente en Presidencia de la Generalitat pero realizaba trabajos de análisis sobre la figura de Zaplana, su gestión y su proyección social. La funcionaria fue requerida en 1996 para formar parte de la Unidad de Documentación de la agenda del presidente. Por esa relación laboral tuvo que firmar un contrato de confidencialidad por el que no podía desvelar detalles de su trabajo como habitualmente ocurre con numerosos funcionarios, los últimos, por ejemplo, los integrantes de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción.
Pero a esa cláusula de confidencialidad, la funcionaria obligó a que se añadiera una nueva, la de que no podía conocer en persona al presidente, bajo ningún concepto ni circunstancia y nadie podría obligarle a ello.
Análisis imparcial de su figura
Aquella cláusula se firmó finalmente y durante todo el tiempo en que la mujer trabajó para el presidente siempre se cumplió. Cuando Zaplana fue nombrado ministro de Trabajo en el verano de 2002 y abandonó la Generalitat para marcharse a Madrid se había cumplido la cláusula y jamás se conocieron. Tampoco después.
La funcionaria, según ha confirmado a Levante-EMV, alegaba que conocer al presidente podía alterar sustancialmente sus condiciones laborales ya que podía mediatizar sus conclusiones sobre la figura que tenía que analizar. Conocerlo podría afectar negativamente a la imparcialidad de su análisis. Es lo que se alegó para incluir esta cláusula en el contrato de la funcionaria, que aún sigue en la Administración y que este diario no identifica para preservar su privacidad. Además, la persona que firmó por parte del Consell la cláusula que impedía conocer a Zaplana ya ha fallecido.
