«Hacer política». Es lo que pide la sociedad civil valenciana tras la moción de censuraque ha presentado el PSOE y que se empezará a debatir mañana en el Congreso.
Numerosas voces están de acuerdo en que el tiempo del PP al frente del gobierno se ha agotado tras la sentencia de la primera época de Gürtel que condena al PP por ser «partícipe a título lucrativo». Otras, por el contrario, se muestran reticentes a la iniciativa, porque debe primar la estabilidad. Todos coinciden en la «dificultad» a la que se enfrentan los partidos para ponerse de acuerdo.
De no llegar a un consenso mínimo, Arturo León, secretario general de CC OO-PV, alerta de la «parálisis institucional» a la que queda abocada el ejecutivo, una situación que los ciudadanos «no pueden permitir». Ese es, precisamente, uno de los escenarios que plantea el exministro José Manuel García-Margallo, ya que de no aprobarse la moción, el ejecutivo va a tener muy difícil gobernar «sin los puentes que había tendido el PSOE» e incluso con la confianza que había brindado Ciudadanos tras el apoyo a los Presupuestos del Estado.
El partido de Albert Rivera asume toda la presión porque se le concibe como una «llave» con la que desbloquear la coyuntura. El exdelegado del Gobierno Ricardo Peralta cree que Cs debe «recapacitar» y aceptar la propuesta sin importar «si las elecciones son tres meses antes o después».
En este punto, coincide con León al afirmar que se deben poner por encima «los intereses generales y no los partidistas». Margallo no descarta una «mejora de la oferta» de Sánchez acortando plazos electorales y con un programa muy tasado, pero aún así cree que habrá «reparos» en aceptarla.
La búsqueda de la estabilidad es la máxima para los empresarios y por ello se muestran reticentes a una moción como la planteada, donde se tantea a los nacionalistas y a los independentistas, porque «puede generar más inestabilidad». Desde la Confederación Empresarial de la C. Valenciana, su presidente, Salvador Navarro, cree que han de acometerse las reformas pendientes, como Cataluña o las pensiones. Apunta a que la sociedad necesita una solución «lo más rápida posible», y plantea un gobierno «de coalición o de gestión» pero que tenga «una visión de país y no, como lamentablemente está ocurriendo, de partido».
En esta línea, la número dos del PPCV, Eva Ortiz, calificó ayer de «vergonzoso» que Ximo Puig «quiera que el PSOE pacte con independentistas para echar a Rajoy del Gobierno» porque «significa romper España». Ortiz afirmó sentirse «atónita» por la «falta de coherencia de los socialistas».
En otra dimensión se mueven las asociaciones ciudadanas. Todas muestran cierto hartazgo de que la política no se libre de los vínculos con las irregularidades.
El presidente de la Unió de Consumidors en la C. Valenciana, Vicente Inglada, pone el foco sobre la infrafinanciación, porque si la moción «es positiva» sirve para hacer «más caso» a los valencianos y sus necesidades. Además, la considera una herramienta para reparar las instituciones porque, como señala Maria José Broseta, de la Federación de Vecinos de València, los ciudadanos «solo opinan en las elecciones».
Un clamor popular que de no ser escuchado, «alejará cada vez más la política de los ciudadanos», como Vicent Mauri, portavoz de Intersindical.
