La construcción del circuito de Fórmula 1 también podría haber servido para financiar ilegalmente al Partido Popular. Es la hipótesis que manejan la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 17 de València en las diligencias abiertas por el supuesto amaño de contratos y el presunto pago de comisiones ilegales durante la construcción del circuito de Fórmula en los Poblats Marítims de València.
La nueva causa judicial se abrió este mismo año por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental y trascendió públicamente en los primeros compases de febrero.
La investigación arrancó poniendo la lupa sobre el presunto amaño de contratos, tras la denuncia de un trabajador de las consultoras que diseñaron y dirigieron la obra del circuito de Fórmula 1, como adelantó Levante-EMV.
Aunque ahora el foco ha virado al presunto pago de comisiones por parte de algunas de las empresas contratistas que participaron en la construcción del circuito. En este giro de la investigación ha sido clave la declaración del exsecretario general del PP, Ricardo Costa, ante la Fiscalía Anticorrupción, tras su confesión en el juicio de la Audiencia Nacional, ya visto para sentencia, por la financiación ilegal del PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008.
Como consecuencia de estas pesquisas, la magistrada del Juzgado de Instrucción 17 de València había citado a declarar hoy al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, -que ya estaba investigado en esta causa-, junto a dos de sus lugartenientes en el Consell y en el partido: el exvicepresidente y tres veces conseller Vicente Rambla, y el exsecretario autonómico de Deportes y exvicesecretario del PP, David Serra.
Ambos debían comparecer hoy como investigados, según adelantó ayer Levante-EMV. Aunque su comparecencia judicial se ha retrasado a los próximos 13 y 14 de junio a petición de los abogados de las defensas, para poder estudiar la causa y por problemas en las agendas.
Un total de ocho empresas de la quincena de mercantiles que participaron en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1 en València están implicadas en cuatro casos de corrupción, tres de ellos «made in» Valencia, como la trama Gürtel o el Caso Taula, que presuntamente amamantaban de dinero ilegal al Partido Popular durante las campañas electorales, supuestamente a cambio de adjudicaciones.
Entre las empresas implicadas en la trama Gürtel, que reconocieron la financiación ilegal del PP en la Audiencia Nacional, y que participaron en la adecuación del circuito urbano se encuentra Hormigones Martínez y Becsa.
Dragados también fue nombrada por el líder de la trama, Francisco Correa, durante el juicio de la «primera época» de la Gürtel en Madrid, aunque no se llegó a implicar en esta causa a los responsables de esta última empresa.
Otras tres supuestas financiadoras del PP de Rita Barberá y de Alfonso Rus, investigadas en distintas piezas del Caso Taula e Imelsa, también hicieron negocio con la Fórmula 1: se trata de Construcciones Luján, FCC, Pavasal y Cyes, ésta última investigada también por presuntas irregularidades en el Puerto de València.
