La Fiscalía Anticorrupción rechaza la primera petición de libertad realizada por el expresidente de la Generalitat y exministro, Eduardo Zaplana, apenas una semana después de entrar en prisión. La defensa de Eduardo Zaplana, representado por el abogado Santiago Milans del Bosch, pidió el jueves la libertad del exdirigente popular "por razones humanitarias" y solicitaba que se sustituyera su ingreso carcelario por un arresto domiciliario. Una petición que se fundamentaba por la "grave enfermedad" de Eduardo Zaplana, a quien se le diagnosticó en 2015 una leucemia, por lo que se sometió a un trasplante de médula.

Un argumento que también utilizaron tras la comparecencia de Zaplana el 25 de mayo ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción que han dirigido la "Operación Erial" junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Unos argumentos que no convencieron a los investigadores, por lo que decidieron mantener en prisión al exministro y exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados. De hecho, una de las razones para mantenerlo en prisión son la gravedad y extensión de los delitos de los que se le acusa: blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal, según el auto de prisión del exalcalde de Benidorm.

Unos delitos que Zaplana habría cometido durante su etapa al frente de la Generalitat, por el presunto cobro de comisiones durante la tramitación de dos grandes concursos públicos: la concesión y privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), tramitadas en 1997, y el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. Algunas de estas comisiones las habrían abonado miembros de la familia Cotino (Juan Cotino y dos hermanos Cotino Escrivá están investigados en esta causa).

Junto a Zaplana también se encuentra en prisión preventiva desde la madrugada del 25 de mayo su presunto testaferro Joaquín Barceló y su asesor fiscal Francisco Grau.