La Agencia Valenciana de Turismo celebraba ayer la puesta en marcha de una medida que le va a permitir realizar una radiografía más real de las viviendas particulares que se alquilan como alojamiento turístico, y compararlo con el actual registro autonómico.

Hasta la fecha, la Generalitat ha tenido poco margen de maniobra. Sus intentos por convencer a las plataformas para que saquen de su oferta los pisos no reglados apenas han tenido éxito. Eso sí, han abierto a estas web 27 expedientes sancionadores que, de momento, se han sustanciado en más de 140.000 euros en multas.

Además, fruto de las campañas informativas y de inspección, se han producido inscripciones masivas en el registro autonómico. Solo en 2017 creció un 23,7 % el número de viviendas turísticas controladas por la autonomía.

«Es lo que estábamos pidiendo, que la Administración central también colabore en la causa común de la lucha contra el intrusismo», celebraba ayer el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

«A partir de ahora hay una información para saber gestionar, estrechar el cerco, hacer entre todos que la economía sumergida sea inviable. Es un paso firme hacia adelante», añadió.

Esta normativa de Hacienda contra el fraude fiscal se suma, en el caso de la C. Valenciana, a la nueva ley que permitirá a los ayuntamientos bloquear la actividad en las viviendas que no se acojan a sus requisitos en política urbanística. Todas las administraciones se han unido para regular el nuevo modelo de negocio.