La investigadora Almudena Ramón, detenida por estafar a pacientes con daño medular

Ramón y su novio, que además hacía las veces de comercial en el negocio que habían montado, fueron detenidos el pasado 15 de mayo por supuestamente estafar al menos a cien personas de toda España y varios países extranjeros -Méjico, Argentina y alguno de Oriente Próximo- a quienes cobraban, de media, entre 4.000 y 50.000 euros por tratamientos que, según ellos, acabarían por devolverles la movilidad. Alguna de las víctimas llegó a desembolsar 150.000 euros y, obviamente, jamás recuperó ni la movilidad, ni la sensibilidad.

El recorrido profesional de Almudena ha estado salpicado siempre por la polémica. Laureada a finales de los 90 y principios de este siglo tras experimentar con éxito en 2000 su revolucionaria terapia con ratones cuando trabajaba en el Instituto de Biomedicina de València, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), acabó saliendo de malos modos del Centro de Investigación Príncipe Felipe de València tras plantear una querella contra su director y antiguo jefe de la científica.

Esa demanda se archivó y para entonces, Almudena ya había salido de València, pero, pese a lo revolucionario de su terapia -utilizaba células glía envolvente olfatoria para trasplantarlas a la médula ósea y lograr la regeneración nerviosa-, la financiación no acababa de llegar. De hecho, el método de Ramón sólo llegó a experimentarse con ratones, ya que su salida precipitada del Príncipe Felipe le impidió seguir experimentando con primates, de manera que el ensayo clínico nunca concluyó.

A través de una web

Esa es una de las bases que han permitido al grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de València avanzar en una investigación que se ha prolongado durante año y medio y que no partió de ninguna denuncia, como suele ser habitual, sino de la propia acción de los agentes, alarmados ante los comentarios de algunas de las víctimas en foros de internet.

Tras indagar sobre Almudena Ramón y sus métodos, supieron que sólo se anunciaba a través de su página web, cerrada por orden judicial, en la que promocionaba su centro de tratamiento para lesionados medulares (Cemirm) e informaba de los precios y fases de la terapia.

En ese momento, Ramón aplicaba ese tratamiento en un despacho alquilado en un edificio de oficinas de la avenida de les Corts Valencianes, en València. Los agentes comprobaron, a través de la Conselleria de Sanidad y de la Agencia Española del Medicamento, que el método de vallisoletana no sólo no contaba con las pertinentes autorizaciones, sino que su anterior consulta había sido clausurada por los inspectores de la conselleria que dirige Carmen Montón en el verano de 2016.

Cuatro fases inalcanzables

Esa clínica, que funcionaba en un espacio alquilado dentro del hospital privado IMED de Elx, había abierto a principios de 2015 y, según la investigación policial, en ella llegó a recaudar 900.000 euros, por lo que se estima que el montante global de la estafa podría superar ampliamente el millón de euros. Y las víctimas, entre quienes hay al menos cuatro menores de edad, serían bastantes más del centenar calculado inicialmente.

Los dos acusados explicaban en su página web que el tratamiento constaba de cuatro fases. La primera, para diagnosticar el problema «real» del paciente. Se trata de una batería de pruebas analíticas, ecografías y una resonancia por la que cobraban entre 4.000 y 6.000 euros. La segunda fase, bautizada como «terapia de activación medular» costaba en torno a los 50.000 y consistía, básicamente, en aplicar masajes de fisioterapia y productos homeopáticos a los pacientes, según informó ayer la Guardia Civil.

A la tercer y cuarta fase, ya no pasaba nadie, porque en ellas prometían el trasplante de las células, para lo que precisaban de un quirófano, y la fisioterapia específica posterior.