Un padre que se quiso suicidar tras pagar 30.000 euros en vano, un hombre que llegó a desembolsar 150.000 en su fantasía de recuperar la movilidad de cintura para abajo, una madre que inició una campaña para recoger los 50.000 que le iba a costar conseguir sacar a su hijo de 4 años -hoy tiene seis y continúa igual- de la silla de ruedas que precisa desde que nació, un joven de l'Horta con paraplejia que finalmente falleció...
La lista es dolorosamente interminable. Y las mencionadas son sólo algunas de las presuntas víctimas de la ahora detenida y de su novio y comercial del negocio que habían montado en Elx, primero, y en València, después.
Raquel es la madre de Fran, un niño de Almería que hoy tiene seis años y por quien sus padres incluso se trasladaron a vivir a Alemania en la creencia de que allí encontrarían el remedio que los médicos almerienses les habían dicho que no existían.
Recibieron el tercer mazazo de su vida -el primero llegó al día siguiente del nacimiento de Fran, cuando les dijeron que el pequeño tenía un grave problema de falta de tono muscular y el segundo, demoledor, al saber que jamás podría caminar- de boca de un médico alemán que les arrancó cualquier esperanza de que la situación pudiera ser revertida.
En ese contexto emocional, volvieron a su Almería natal y Raquel se dedicó a buscar sin descanso una solución. Casi un milagro. Y creyó encontrarlo en València. Una doctora y laureada investigadora, directora de un centro de tratamiento de lesionados medulares, prometía devolver el movimiento incluso a quienes jamás lo habían tenido. Pero cobraba mucho: unos 6.000 euros para las pruebas diagnósticas y 50.000 más por la siguiente fase. Raquel y su marido no tenían ese dinero, pero no se amilanaron. Iniciaron una campaña de recogida de fondos, con página de Facebook incluida -ya ha sido cerrada-.
Raquel lo explicaba perfectamente hace año y medio: «Era el rayo de luz que todos los lesionados medulares podían esperar». Ahora, el último mazazo: Fran no sólo no podrá levantarse de su silla de ruedas, sino que además ya saben que todo el dinero invertido en ese sueño era el alimento de una enorme estafa, según la Guardia Civil, cuyos agentes confiesan haber pasado con este caso «alguno de los peores tragos» de sus largas y duras carreras profesionales.
Ahora, una vez dado a conocer el caso, los agentes esperan un aluvión de denuncias que, sospechan, no se han producido hasta ahora por dos razones: el sentimiento de culpabilidad ante la sospecha de que se ha sido víctima de una estafa y, sobre todo, el miedo a dejar de ser atendido por la médica, ya que les obligaban a firmar un contrato de confidencialidad que les impedía revelar el tratamiento recibido y en el que se les advertía de que si abandonaban la terapia, no les volverían a atender.
