La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el exministro Eduardo Zaplana abandone la cárcel, por los mismos motivos que alegó para que el expresidente de la Generalitat haya acabado residiendo en el Centro Penitenciario Antoni Asunción de de Picassent. El posible riesgo de fuga y la probable destrucción de pruebas son los argumentos que alega el Fiscal Anticorrupción para oponerse a la petición del abogado de Zaplana para que su defendido quede libre.

Zaplana ya ha pasado nueve días con sus correspondientes noches en el centro penitenciario construido en 1990, cinco años antes de que él alcanzara la Presidencia de la Generalitat. Justo cuando se cumplía una semana del ingreso en prisión del también exalcalde de Benidorm, trascendía que el abogado que le representa, Santiago Milans del Bosch, presentaba la primera petición para solicitar su puesta en libertad por «razones humanitarias».

El recurso de reforma contra el auto de prisión para Eduardo Zaplana dictado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia se fundamentaba en «razones humanitarias» por el estado de «grave enfermedad» de Eduardo Zaplana, que en 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara una leucemia, según informó la Agencia Efe.

La defensa del exministro considera la privación de libertad decretada contra él de «innecesaria, desproporcionada e injusta» para la continuidad de la instrucción de esta causa. Todo lo contrario de lo que estiman los investigadores, que alegan la posible destrucción de pruebas y el riesgo de fuga por el elevado patrimonio que presuntamente posee Zaplana en el extranjero (supuestamente operaba con cuentas en cuatro países distintos: Luxemburgo, Andorra, Paraguay y Uruguay) para mantenerlo en prisión.

Por último, el Consell autorizó ayer a la Abogacía General de la Generalitat a personarse en el caso Erial que investiga a Zaplana por la decena casi completa de delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir. La vicepresidenta Mónica Oltra valoró, tras el pleno del Consell, que es «más que conveniente que la Abogacía de la Generalitat sea parte en el proceso y busquen el máximo resarcimiento posible para la administración autonómica».

Oltra también desveló que el mismo día de la detención de Zaplana, el 22 de mayo, un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió a Presidencia de la Generalitat para recabar diversa documentación. Aunque «debido al volumen de información a analizar para cumplir el requerimiento judicial no se hizo entrega de ninguna documentación en ese momento y ésta será enviada en cuanto esté recopilada por los departamentos afectados».