Los gestores del hospital privado IMED en Elx se han personado como acusación particular en la causa por presunta estafa abierta contra la investigadora vallisoletana Almudena Ramón que habría recaudado al menos 900.000 euros con la actividad desarrollada en la clínica ilicitana desde la que ofrecía diversos tratamientos orientados a devolver la movilidad a lesionados medulares en silla de ruedas. Los gestores del centro privado, donde la investigadora mantuvo abierta consulta entre 2015 y 2016 a través de su empresa Cimerm, han dado el paso tras conocer el alcance de la operación «Summas» abierta por la Guardia Civil y en la que fueron detenidos Ramón y su pareja sentimental el pasado 15 de mayo por presunta estafa. Desde el centro hospitalario consideran que ellos también han sido «perjudicados».

La investigadora, que a finales de los 90 y principios de este siglo se convirtió en una de las científicas españolas más prometedoras al conseguir devolver la movilidad a ratas con daño medular, llegó a Elx en 2015. Avalada por su trayectoria profesional (investigadora principal en el Instituto Biomédico de València del CSIC y fichaje estrella del Centro de Investigación Príncipe Felipe en su día), el grupo médico IMED no tuvo problemas en que Almudena Ramón desembarcara en su hospital de Elx a través de su empresa Cimerm, que operaba de forma externa.

Fue durante el escaso año y medio en el que Ramón estuvo pasando consulta en Elx en el que la Guardia Civil le imputa una presunta estafa que alcanzaría los 900.000 euros al recibir dinero de un centenar de pacientes que acudían a ella con la promesa de recuperar algo de la movilidad perdida en accidentes o adquirida de manera congénita.

Fuentes del centro hospitalario confirmaron ayer que la relación con Ramón acabó (a mediados de 2016) después de que la investigadora no aportara cierta documentación oficial que IMED le reclamaba y que debía de acreditar los tratamientos que allí ejecutaba y que estaban estructurados en cuatro fases. En la tercera y cuarta, a la que ningún paciente llegó, era en las que supuestamente se realizaba el trasplante autólogo de células glía envolvente, la técnica gracias a la que Ramón consiguió devolver la movilidad a ratones. El tratamiento, sin embargo, nunca llegó a superar la siguiente fase de ensayo clínico con primates que empezó a realizarse en el Centro Príncipe Felipe del que salió también de forma precipitada y con denuncias cruzadas con el entonces gerente.

«Graves irregularidades»

Justo antes de su salida del centro ilicitano de IMED, la Conselleria de Sanidad detectó «graves infracciones» en la empresa de Almudena Ramón tras realizar una inspección a instancias de la Agencia española del medicamento (Aemps). Según fuentes de Sanidad, los investigadores detectaron «graves infracciones a la ley del medicamento», ya que la científica estaba realizando en Elx ensayos clínicos sin autorización (además involucrando no solo a adultos sino también a menores). Tampoco la tenía para trabajar con líneas celulares y las instalaciones no habían sido supervisadas por la autoridad competente.

Ramón no dio tiempo a que la administración le pidiera el cierre de sus instalaciones en Elx por las deficiencias detectadas ya que «al poco de realizarse la inspección», según fuentes oficiales, Cimerm dejó de operar en el hospital. Fue al poco tiempo cuando la investigadora abrió consulta en un despacho de la avenida Corts Valencianes de València, actividad de la que, sin embargo, Sanidad afirma que «no llegó a tener constancia».