La manifiesta debilidad con la que Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, para lo que ha necesitado el apoyo de ocho partidos distintos, no va a frenar la relamación de todos los partidos valencianos para que cumpla con la llamada «agenda valenciana».
Una relación de prioridades que el gobierno valenciano del Botànic (PSPV-Compromís, con el apoyo externo de Podemos) ya exigía al Partido Popular y que engloba desde la financiación al déficit de infraestructuras pasando por los conflictos por leyes aprobadas por las Corts que el Gobierno cuestiona. Sánchez ya se ha comprometido en los años en que ha sido jefe de la oposición a dar soluciones.
Ahora llega su momento pese a que la coyuntura política del Congreso otorga un margen de maniobra muy limitado para el nuevo presidente, tanto que ya hereda el presupuesto que PP y PNV pactaron hace una semana, unas cuentas que resultan muy dañinas para los valencianos. La financiación es la cuestión esencial. Compromís, el socio del PSPV en el Consell, ya ha anunciado que mantendrá la reclamación y los socialistas tendrán que hacerlo también por pura coherencia. Podemos también va a mantener la presión y PP y Ciudadanos la redoblarán porque ahora dejan de tener un gobierno amigo en Madrid.
La falta de infraestructuras, una reclamación histórica de los valencianos, es otra de las patatas calientes que recibe Sánchez. Si intenta aprobar presupuestos para 2019 sus cuentas se mirarán con lupa. Cuestiones como el plurilingüismo también están candentes y caen ahora en manos del primer gabinete de Pedro Sánchez.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Poner fin a un modelo caducado que el PP no ha sido capaz de renovar
Si existe un asunto nuclear de la agenda valenciana ese es el de la financiación autonómica. El actual modelo del reparto del dinero entre territorios en España ha colapsado definitivamente. La modificación no es que sea ya urgente, es que resulta perentoria para que las desigualdades entre territorios no sigan aumentando. Las comunidades forales, País Vasco y Navarra, con sistemas fiscales muy favorables siguen ampliando sus diferencias respecto al resto mientras que las autonomías del régimen común se reparten el dinero con un modelo caducado desde hace cuatro años y que resulta totalmente pernicioso para los intereses de la Comunitat Valenciana. De hecho este territorio es el único que es aportador neto al conjunto del sistema pese a que su riqueza está por debajo de la media.
Caducado desde hace cuatro años
El modelo de financiación que se aprobó en 2009 con el impulso del PSOE y que resultó ligeramente más favorable para los valencianos que el de 2001 que diseñó el PP (se conoció como Zaplana) se firmó para cinco años. Debió revisarse en 2014, pero cuando el PP llegó a La Moncloa en diciembre de 2011 se escudó en la crisis económica para postergar su revisión.
El incumplimiento de Rajoy
El hasta el viernes presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió en la Conferencia de Presidentes celebrada a principios de 2017 que el modelo se reformaría dentro de ese año. No lo hizo.
Hacienda admite la infrafinanciación
Todos los expertos que han participado en el estudio del modelo de financiación admiten que la Comunitat Valenciana sale perdiendo. Incluso los del Ministerio de Hacienda hasta ahora en manos de Cristóbal Montoro. El Síndic de Comptes o la comisión de expertos de la Generalitat y de las Corts también han denunciado la infrafinanciación.
Apoyo unánime al cambio de modelo
Las Corts han aprobado resoluciones por unanimidad que exigen un trato justo. El pasado mes de noviembre una gran manifestación recorrió València para exigir una financiación justa.
Apoyo de Sánchez
El nuevo presidente del Gobierno se ha comprometido en público a dar una solución al problema.
EDUCACIÓN Y CULTURA
El plurilingüismo y la «discriminación» cultural
El debate sobre el decreto del plurilingüismo y la ley posterior, y la falta de inversiones en Les Arts, IVAM y Bellas Artes serán las principales reivindicaciones.
Fin de la amenaza de recurrir al TS
Hasta tres comisiones bilaterales ha abierto el Gobierno de Rajoy a la Conselleria de Educación como paso previo al recurso al Supremo. Una la ha abierto Hacienda por destinar en el presupuesto de este año 18 millones al pago de la carrera profesional al Personal de Administración y Servicios de las universidades. Las otras dos las impulsa el Ministerio de Educación, ante la presión del PP valenciano, contra el ya extinguido decreto-ley de plurilingüismo y la Ley de enseñanza plurilingüe que lo sustituye. Ninguna se ha llegado a reunir.
Reversión del decreto de recortes
Toda las consejerías de las autonomías gobernadas por la izquierda reclaman al ministerio que derogue el decreto de recortes de 2012 que eleva a 20 horas semanales la docencia para ahorrar en profesores. También exigen quitar la tasa de reposición.
Podar los «retrocesos» de la Lomce
Toda la izquierda pide derogar la Lomce, pero haría falta una nueva ley. Mientras llega, la Conselleria de Educación y el resto de autonomías gobernadas por la izquierda piden que la Religión no puntúe para la nota media y que se pueda concertar con colegios que segregan por sexo, aunque una reciente sentencia del Constitucional impediría esta última reversión.
Implicarse en el Palau de les Arts
En sus presupuestos, el Gobierno del PP congeló en 600.000 euros la inversión en el coliseo valenciano de la ópera, frente a los 9,9 millones del Teatro Real y los 8,3 del Liceu. La excusa es que el Ministerio de Cultura no forma parte del Patronato, al que se ha negado a incorporarse tras haberle ofrecido la Generalitat dos puestos.
Financiación del IVAM y Bellas Artes
La inversión del Estado en el IVAM alcanza los 261.800 euros y destina 500.000 a rehabilitar el Bellas Artes. En cambio, el Prado recibe 49,7 millones y el Reina Sofía 39,5.
VALÈNCIA
Las reivindicaciones del «cap i casal»
La ciudad de València, por población, infraestructuras, capitalidad y su condición de metrópoli, acumula una amplia lista de contenciosos, algunos de ellos históricos, con el Gobierno central, cuestiones «imposibles» que ahora pueden tener alguna oportunidad.
Condonación de la deuda de la Marina
Las obras de la Marina de València, realizadas con motivo de la Copa del América (2007), se pagaron con un crédito ICO que tenían que pagar las tres administraciones (Consorcio València 2007). Pero esa deuda no se ha pagado y ya supera los 400 millones de euros, sin que el consorcio, por su actividad, pueda hacer frente a la misma. Así pues, durante toda la legislatura, el Govern de la Nau viene reclamando al Gobierno central la condonación de esa deuda. Sin éxito.
Parque Central
El Parque Central de València es una obra histórica que consiste en enterrar las vías del tren que llegan a la Estación del Norte y hacer un gran parque que suture esa gran herida urbana. Cuando llegó el AVE en 2010 se perdió una oportunidad para hacerlo, ya que ni se enterró el último tramo de vías ni se hizo la nueva estación ni el túnel pasante. Un 40 % del terreno ya ha sido liberado y está en obras, pero el resto sigue bloqueado por las vías.
Transporte metropolitano
Al contrario que ciudades como Madrid o Barcelona, València no recibe ni un euro para el transporte metropolitano. Aunque cumple todos los requisitos, sigue estando marginada. En los presupuestos de este año, Ciudadanos ha conseguido meter 10 millones de los 38 que reclaman València y su área metropolitana.
Desembocadura de Nazaret y cuarteles de San Vicente
Nazaret tiene pendiente con el puerto el denominado Parque de Desembocadura y sigue sin cerrarse la urbanización de los cuarteles de San Vicente.
SANIDAD
Un desencuentro en los despachos y en Los tribunales
La cartera de Carmen Montón acumula una larga lista de desencuentros con el Gobierno central y que han protagonizado disputas en los despachos pero también en los tribunales. La consellera debía verse las caras mañana 4 de junio con la aún ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en un congreso interterritorial monográfico sobre financiación.
Sanidad Universal
El primer decreto del Pacte el Botànic chocaba de frente con la legislación nacional y el Gobierno Central se apresuró a recurrirlo. La ley de atención universal está anulada por el TribunalConstitucional pero se sigue dando en virtud de instrucciones internas. La consellera ha seguido reclamando que se reconozca como derecho en la Constitución, cuestión que, seguramente, planteará a Pedro Sánchez.
Copago farmacéutico
También en los tribunales se han visto las caras Gobierno central y autonómico a cuenta de las distintas ayudas otorgadas a los copagos farmacéuticos impuestos desde Madrid en 2012. Pese al enfrentamiento, el Consell los ha mantenido y aumentado.
Fondo de Cohesión
Montón lleva tres años reclamando la activación del Fondo de Cohesión para recibir los 300 millones de compensación prometidos por la atención sanitaria a desplazados, principalmente turistas.
Financiación
La C. Valenciana sigue reclamando acuerdos en cuanto al gasto sanitario y los 27 millones de euros gastados y prometidos por los tratamientos de hepatitis C.
BIENESTAR SOCIAL
Visiones diferentes sobre la ayuda social
Como en otras áreas, las políticas sociales del Pacte del Botànic también se han dado de bruces contra el «muro» del Gobierno de Mariano Rajoy que las ha perseguido en los tribunales y que ahora esperan encontrar un clima de mayor entendimiento e incluso de unión con Sánchez en la Moncloa. Una de las más afectadas es la Ley por la Función Social de la Vivienda, impulsada por la Conselleria de Bienestar Social y que proponía, entre otras cuestiones, la ocupación de viviendas recuperadas por los bancos en desahucios para su uso social. El Tribunal Constitucional aceptó el recurso de Rajoy y paralizó varios de los preceptos de la ley. Otras leyes punteras impulsadas por Mónica Oltra como la Ley Trans han evitado su paso por los tribunales tras llegar a un acuerdo in extremis.
EMPLEO PÚBLICO
manos libres para ampliar la plantilla de la Generalitat
Acabar con las restricciones en la contratación de personal es una de las reclamaciones principales del Gobierno del Botànic. En reiteradas ocasiones, el Consell se ha quejado de falta de manos en las conselleries y los impedimentos legales para convocar ofertas de empleo público con plazas suficientes para hacer frente al envejecimiento de la plantilla de la Generalitat. Tanto el presidente Puig como la consellera Bravo han mantenido reuniones con el ministerio reclamando la liberación de la tasa de resposición, que limita la entrada de personal a las jubilaciones. La reivindicación era extensible también a la contratación de personal temporal, tanto en las conselleries como en el sector público. El Consell quiere manos libres. En el ambito funcionarial, hay otras reclamaciones, como la jornada laboral de 35 horas.
INFRAESTRUCTURAS
Mejorar las comunicaciones para ser más competitivos
El nuevo Gobierno deberá hacer frente a reivindicaciones imprescindibles para mejorar la competitividad.
Acelerar el Corredor Mediterráneo
El Gobierno de Rajoy anunció el pasado martes que el Corredor Mediterráneo, una infraestructura para la que ya se han ejecutado 14.000 millones de los 23.000 millones asignados, estaría finalizado en 2023. En los presupuestos de 2018 se reservaron 331 millones para obras en la Comunitat con el fin de avanzar, entre otras cosas, en la adaptación al ancho internacional en el tramo València-Vandellós
133 millones más para el Plan de Cercanías
Otra de las asignaturas pendientes es la culminación del Plan de Cercanías. El Gobierno del PP había destinado en los Presupuestos 53 millones para este ansiado proyecto. La mitad serán para la duplicación de vía entre Cullera y Gandia, en la primera fase del Tren de la Costa, y el estudio informativo de la línea València-Alicante. Los alcaldes de 115 municipios reclaman 133 millones más para mejorar la red.
Liberalización de la AP-7
El PSPV-PSOE ya anunció su intención de sumarse a las movilizaciones ciudadanas para reclamar que la AP-7 sea gratuita y pública en su tramo de Alicante a Tarragona a partir del 31 de diciembre de 2019, fecha en la que vence la concesión y vuelve al Estado.
Más conexiones para los aeropuertos valencianos
El Gobierno del PP anunció el martes pasado el inicio de los trámites de las obras entre el aeropuerto del Altet y la ciudad de Alicante con una conexión ferroviaria directa. Mientras, el de Manises queda conectado por una N-220 pendiente de ampliación, además de una línea de FGV, y el de Castelló está a la espera de conexión por autovía.
Modernización de la línea Sagunt-Zaragoza
Otra de la asigaturas pendientes es acelerar el plan de modernización del trazado ferroviario Sagunt-Teruel-Zaragoza para hacer competitivo el transporte de mercancías. Fomento prometió 335 millones, pero no están presupuestados. Adif ya puede disponer de los 53,6 millones de euros que la APV aportará para las obras de mejora.
Acceso norte del puerto
Otra reinvindicación del puerto es el acceso norte terrestre. La autoridad portuaria quiere un corredor bajo el mar que no afecte al término municipal de València para evitar el colapso de vehículos en la V-21. El nuevo acceso dará servicios a camiones y trenes de mercancías. Este ambicioso proyecto podría tener un coste de entre 450 y 600 millones y es clave para realizar la macroampliación norte de los muelles del recinto del Grao.
RECURSOS INSTITUCIONALES
La relación entre el Consell del Botànic y el Gobierno de Rajoy, con el que ha convivido tres años (desde junio de 2015) ha tenido numerosas fricciones que han acabado en recursos de inconstitucionalidad del Ejecutivo a normas emanadas de las Corts. Estos son los conflictos que están vivos.
Ley del Taxi
La norma aprobada el 8 de noviembre de 2017 por las Corts fue impugnada por el Gobierno, lo que llevó a una comisión bilateral entre ambas administraciones.
Ley del plurilingüismo
Uno de los asuntos que con mayor énfasis ha denunciado el PP de la Comunitat Valenciana es la cuestión lingüística. Las Corts aprobaron el pasado 14 de febrero la ley que regula y promueve el plurilingüismo en la Comunitat Valenciana.
Ley de Policías Locales
Otra de las normas que está en conflicto en estos momentos es la de coordinación de policías locales. El anterior Gobierno del PP creía que invade competencias.
Leyes de derecho foral
Todos los gobiernos, de PSOE y de PP han cuestionado que las Corts legislen en derecho civil
