La titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, ha rechazado el recurso de cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que solicitaban la prescripción del delito contra los derechos de los trabajadores del que se les acusa por la muerte del maquinista y la interventora que fallecieron el 3 de julio de 2006, junto a 41 viajeros de Metrovalencia. Es un intento a la desesperada de invalidar la instrucción, que debe finalizar en breve, según ordenó la sección segunda de la Audiencia de València.
Los abogados de los exdirectivos de FGV Juan José Gimeno Barberá, Sebastian Argente, Manuel Sansano y Luis Domingo Alepuz solicitaron a la jueza que no se les imputará por el delito contra los derechos de los trabajadores, del que se les acusa junto a los 43 homicidios y lesiones por imprudencia, agravado por ser imprudencia profesional. Al estar conexos ambos delitos el plazo de prescripción es de diez años (el 3 de julio de 2016). Como a todos ellos se les imputó antes de que prescribieran los delitos, la jueza les responde que "no ha lugar a la prescripción del delito contra los derechos de los trabajadores del que se le acusa", según él auto del Juzgado de Instrucción 21 que ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La Fiscalía, la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) y familias personadas a título particular se también se habían mostrado contrarias a que se les concediera la prescripción del delito contra los derechos de los trabajadores.
Los últimos seis exdirectivos de FGV fueron incluidos como investigados en la causa del metro "in extremis". La titular del Juzgado de Instruccion 21 decidió citar como investigados, a finales de junio de 2006, a Marisa Gracia (exgerente de FGV), Manuel Sansano (director de operaciones), Juan José Gimeno Barberá [exdirector de la dirección de auditoría y análisis de la seguridad en la explotación (DAASE)], Gonzalo Romero Salt (jefe de mantenimiento de instalaciones fijas) que falleció antes de ser citado a declarar, Luis Miguel Domingo Alepuz (jefe de talleres de Valencia Sud) y Sebastián Argente Cuesta (jefe de la Línea 1), según las responsabilidades que ejercían en 2006.
En la causa ya hay otros tres directivos imputados desde mayo de 2014, se trata de responsables técnicos de la empresa ferroviaria en el momento del siniestro, investigados por su responsabilidad directa en las decisiones sobre el proyecto de instalación de las balizas de frenado en la Línea 1 del metro. Se trata de Vicente Contreras Bórnez, director adjunto de explotación en 2006 y número dos de la gerente, Marisa Gracia; Francisco García Sigüenza, director técnico de FGV y considerado el «número 3» de la empresa; y Francisco Orts Pardo, responsable de la dirección de Estudios y Proyectos, el departamento en el que recayó la supervisión de los trabajos de instalación del sistema de frenado, aunque bajo la férrea tutela de los dos primeros directivos y máximos responsables técnicos de FGV.
