La política educativa del Consell continuará con la daga judicial sobre ella, pero al menos se librará de la presión de un ejecutivo en Madrid proclive a utilizar la baza del recurso al Tribunal Constitucional.

Esta posición es, al menos, la que se desprende las declaraciones de la responsable de enseñanza en la ejecutiva de Pedro Sánchez sobre el proyecto valenciano de plurilingüismo.

María Luz Martínez Seijo recordó ayer a Levante-EMV que el PSOE defiende el plurilingüismo y que, dado que este objetivo aparece recogido también en Estatut y la ley del Consell cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria en las Corts, no ve problema para que pueda implantarse. De esta manera, «no tendría sentido poner en marcha la comisión bilateral».

Martínez Seijo, que fue profesora de inglés en Castilla y León antes que diputada, se refiere a la comisión entre el Gobierno central y la Generalitat que debería negociar algunos cambios en la ley valenciana para evitar que la Moncloa la llevara ante el Tribunal Constitucional.

Antes de la moción de censura, existía ya un acuerdo firmado entre los dos ejecutivos para la constitución de la citada comisión bilateral. Sin embargo, esta no había llegado a formarse ya celebrar una primera reunión.

Es muy posible que esta no tenga lugar nunca, ya que el partido del nuevo gobierno considera que «no tiene sentido» actuar contra el plurilingüismo del Consell.

Esta posición es la que defendía el conseller de Educación de la Generalitat, Vicent Marzà. Al respecto, la secretaria de Enseñanza y Universidades de la ejecutiva del PSOE apunta que es prematuro adelantar acontecimientos cuando Pedro Sánchez aún no ha conformado su consejo de ministros, pero sí desliza que el partido no ve impedimentos a la ley valenciana y que entiende que «todo el proceso está normalizado de cara al próximo curso».

Además, Martínez Seijo, persona próxima al nuevo presidente y que figura en las quinielas para formar parte de su Gobierno, desliza que la iniciativa contra la norma valenciana partía de la Moncloa y no del ministerio. Tendría así un carácter marcadamente político.

Las Corts aprobaron la ley el pasado mes de febrero, después de que los jueces se pronunciaran en contra del primer decreto del Consell del Botànic sobre el plurilingüismo. Tras el cambio en Moncloa, su futuro se allana, pero habrá que ver qué dicen los jueces.