Más de un centenar de personas interrumpieron ayer en diversos momentos los trabajos de derribo de la Cruz de los Caídos ubicada en la Plaza de la Paz de la Vall d'Uixó (La Plana Baixa).
Los protestantes fueron arengados por concejales del Partido Popular, entre ellos el también diputado en el Congreso Óscar Clavell y la diputada provincial Elena Vicente-Ruiz, así como por los miembros de la plataforma Salvemos la Cruz, que asegura haber reunido 13.000 firmas en contra del derribo del símbolo franquista.
La actuación iniciada ayer por los operarios a las 8 horas se enmarca en la remodelación de la citada plaza que lleva a cabo el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, dentro de la modernización del casco urbano, además de la sustitución de canalizaciones de agua y alcantarillado.
El arquitecto municipal ya informó de que la cruz no tiene ningún valor artístico, histórico ni cultural. El ayuntamiento informó de que «la actuación está avalada por los informes de funcionarios municipales y por el comité de expertos para la valoración de retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y de la dictadura en la Comunitat Valenciana, que se reunió con los seis partidos políticos con representación municipal, asociaciones culturales y técnicos antes de emitir su dictamen».
En el mismo plano, el consistorio recordó ayer que en esta legislatura se ha retirado «la medalla de oro y la distinción de hijo adoptivo de la ciudad al general Franco, el nombre de calles con nombres franquistas y el escudo anticonstitucional de la fachada del edificio de Correos de titularidad municipal».
Al tiempo, indicó que otras entidades como el Obispado «también han retirado ya el escudo anticonstitucional de la fachada de la capilla de la Mare de Déu dels Desemparats, y la Conselleria de Educación, el del IES Botànic Cavanilles».
Críticas del PP y Ciudadanos
Óscar Clavell, diputado en el Congreso, concejal y exalcalde, megáfono en mano, insistió en que el derribo de la cruz es «una barbaridad histórica» y aludió al acuerdo del pleno municipal de 1979 con un alcalde del partido comunista en el que se cambió el nombre de la plaza y se cincelaron las inscripciones franquistas.
El PP ha seguido una doble estrategia jurídica para, al menos, retrasar el derribo. En primer lugar, pidió la documentación del expediente de obra para comprobar si cumplía los requisitos administrativos, extremo que confirmó el secretario municipal a la también edil del PP, Elena Vicente-Ruiz.
Por otro lado, el PP denunció ante el juzgado la modificación de crédito de 35.000 euros en abril para remodelar la plaza y pidió al juez medidas cautelares porque entendía que la obra llevaba encubierto el derribo de la cruz. Sin embargo, el magistrado las rechazó por no hallar motivación.
El equipo de gobierno no ha ocultado en este tiempo su intención de derribar el monumento y sustituirlo por una estatua en homenaje a la música de banda elaborada por la Escuela de Bellas Artes de València que representa la figura de un director de banda.
Por su parte, el edil de Ciudadanos, Manuel Hernández, consideró que el derribo se inició con «el único fin de contentar a sus votantes y de paso mantener el equilibrio en el gobierno» y criticó el gasto de 35.000 euros.
Concentraciones
La plataforma Salvemos la Cruz convocó otra concentración a las 20.00 horas frente al monumento para impedir el derribo. Al mismo tiempo, el grupo de las Brigadas Antifascistas de la Vall d'Uixó convocó una concentración paralela.
El ayuntamiento valló durante la tarde el monumento e indicó que retomará los trabajos de derribo en cuanto se pueda garantizar la seguridad de los operarios y de las personas concentradas en el lugar, previsiblemente hoy.
Además, la Asociación de Abogados Cristianos anunció una querella contra la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, por «prevaricación» e «incitación al odio».
