El pasado 30 de abril, la Confederación General del Trabajo presentó recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del Tribunal Supremo Español, de 24 de octubre de 2017, en la que confirmaba la de la Audiencia Nacional que declaraba “ajustado a derecho” el Expediente de Regulación de Empleo presentado por RTVV cuando se extinguió la televisión pública.

Según un comunicado, CGT fue “el único sindicato no firmante de aquel ERE de extinción y el único que presentó las posteriores demandas ante las instancias nacionales” ante lo que consideran que fue un ERE “injusto y arbitrario que pagaron únicamente los trabajadores”.

Desde CGT, a través de un comunicado, han denunciado que el cierre impulsado por el gobierno autonómico del PP fue “avalado por el gobierno supuestamente progresista del Botànic que se comprometió con los trabajadores a revertir el ERE”.

Ahora, denuncian que no se ha abierto una comisión de investigación para averiguar “dónde fueron a parar los 1300 millones del saqueo de Radiotelevisión Valenciana” así como que el Botànic “no se haya personado en los casos que siguen abiertos en los juzgados gracias a las denuncias de la CGT”.

Además, la CGT lamenta que hayan sido los trabajadores los que han cargado con “la culpa” de la “mala gestión y manipulación informativa” y comparan el trato recibido con otros trabajadores de empresas públicas como los del hospital de la Ribera, Divalterra o la Fundación Deportiva Municipal entre otros.

Lamentan que en la nueva etapa de Canal 9 como À Punt, no se vaya a contar con los extrabajadores más que de manera “provisonal” y critican que el servicio sea un modelo privatizado, donde solo será público “los espacios informativos”.

El recurso presentado en Europa hace hincapié principalmente en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaraba nulo el despido colectivo aplicado por el grupo RTVV. La aprobación de la ley de caso único 4/2013 por mayoría absoluta del PP y que permitió el cierre, “supone una vulneración del derecho a un proceso equitativo, ya que tuvo como único objetivo no aplicar una sentencia firme”, aseguran.