La Confederación General del Trabajo presentó el pasado 30 de abril ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo español, de 24 de octubre de 2017, en la que confirmaba la de la Audiencia Nacional que declaraba «ajustado a derecho» el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por RTVV cuando se extinguió la televisión pública.

CGT remarca que fue «el único sindicato no firmante de aquel ERE de extinción y el único que presentó las posteriores demandas ante las instancias nacionales» ante lo que consideran que fue un ERE «injusto y arbitrario que pagaron únicamente los trabajadores».

Desde CGT han denunciado que el cierre impulsado por el gobierno autonómico del PP fue «avalado por el gobierno supuestamente progresista del Botànic que se comprometió con los trabajadores a revertir el ERE». Ahora, denuncian que no se ha abierto una comisión de investigación para averiguar «dónde fueron a parar los 1.300 millones del saqueo de Radiotelevisión Valenciana», así como que el Botànic «no se haya personado en los casos que siguen abiertos en los juzgados gracias a las denuncias de la CGT».

Además, el sindicato lamenta que hayan sido los trabajadores los que han cargado con «la culpa» de la «mala gestión y manipulación informativa» y comparan el trato recibido con otros trabajadores de empresas públicas como los del hospital de la Ribera, Divalterra o la Fundación Deportiva Municipal entre otros.

Lamentan, además, que en la nueva etapa de Canal 9 como À Punt, no se vaya a contar con los extrabajadores más que de manera «provisonal» y critican que el servicio sea un modelo privatizado, donde solo será público «los espacios informativos».