El PP de Llíria ha decidido intensificar su ofensiva contra el centro de recepción de menores que tiene previsto instalar la Conselleria de Políticas Inclusivas en su municipio. Durante meses los populares ya habían mostrado su rechazo frontal a una instalación que sustituiría a la ya cerrada en el barrio de Monteolivete (València) y que fue trasladada de forma provisional a Buñol. Tras diversas manifestaciones -en las que participaron otras formaciones y entidades locales como la asociación Transparencia y Participación Ciudadana por Llíria- ahora, la portavoz del grupo popular edetano, Reme Mazzolari, se ha lanzado a liderar esa oposición tras presentar una iniciativa vecinal más de 3.800 firmas ante el consistorio contra el centro, del cual critica que se va a ubicar en Llíria «por imposición».
Con el respaldo de estas firmas, Mazzolari ha anunciado que pedirá un pleno extraordinario con el propósito de que el Ayuntamiento de Llíria convoque una consulta ciudadana para que los vecinos decidan si quieren este recurso social en el municipio o no. «Puesto que la llegada del centro de recepción de menores a Llíria es una propuesta que no estaba recogida en ningún programa electoral de los grupos políticos que se presentaron en las últimas elecciones y que, en definitiva, es el compromiso que los políticos tienen con la ciudadanía que les vota, los ciudadanos tienen el derecho a decidir democráticamente si quieren albergar en las instalaciones municipales este recurso o por el contrario priorizar la residencia y el centro de discapacitados», justifica Mazzolari.
Asimismo, la portavoz popular insistió en que «tras anunciar el PSOE la realización de consultas ciudadanas en su programa electoral, el gobierno de Manolo Civera tiene que cumplir con su compromiso y realizar una consulta para conocer cuál es la voluntad de la ciudadanía respecto al traslado del centro de recepción de menores a nuestro municipio».
«Interés superior del menor»
La petición del PP de Llíria va en consonancia con la suspensión de las licencias asistenciales en el Ayuntamiento de Paterna que ha bloqueado un centro de acogida de menores en este municipio hasta que se realice un estudio urbanístico sobre los usos y una posterior consulta popular sobre ello.
Sin embargo, tanto la demanda de los populares de Llíria como la del PSPV de Paterna ignoran el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat -con la autorización de la Conselleria de Políticas Inclusivas dirigida por Mónica Oltra- en el que recuerda «el interés superior del menor». De hecho, recalca que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor «establece que en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas (...) primerá el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».
