El compromiso que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adquirió con la deuda autonómica en enero de 2017 se ha quedado sin solución a su salida de la Moncloa.
Rajoy celebró en la citada fecha una cumbre con los presidentes de las comunidades autónomas para empezar a resolver un conflicto que castiga especialmente a la Comunitat Valenciana. Aseguró que en 2017 habría nueva financiación, pero no ha sido así.
La agenda se puso en marcha enseguida y las reuniones de la comisión de expertos parecían dar sus frutos. Las conversaciones confluyeron en un informe aprobado poco antes de las vacaciones de verano. El paso siguiente para su ejecución, que pasaba por una propuesta del Ministerio de Hacienda tras los trabajos de una comisión técnica, estancó el proceso.
Las razones por parte del Gobierno central de entonces señalaron directamente al conflicto catalán, a pesar de que Cataluña ni siquiera estuvo presente en la reunión de enero de 2017. Más tarde, otro argumento fue que se debía esperar a los presupuestos del Estado de 2018. El último compromiso de Rajoy era el de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reactivar el procedimiento. Sin embargo, se fue de la Moncloa antes de cumplirlo.
El nuevo presidente, Pedro Sánchez, ya aseguró en el debate de la moción de censura que conocía la situación de infrafinanciación de la C. Valenciana y que tenía toda su «empatía».
La reactivación de la agenda de la financiación ha sido de esta manera una de sus primeras medidas, lo que representa un gesto hacia el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra.
Los avances, no obstante, no serán fáciles, dados las diferencias entre autonomías, algunas de las cuales han formado bloques para defender sus intereses. Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón lo han hecho. El Consell, por su parte, ha mantenido encuentros con Murcia, Baleares y Andalucía.
