El posible resultado final se antoja aún lejano, pero al menos Pedro Sánchez no ha tardado ni un día después de la toma de posesión de sus ministros en reactivar el pantanoso asunto de la financiación autonómica. Primero, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que el jefe del Ejecutivo recibirá «de manera inmediata» a todos los presidentes autonómicos (incluido el catalán) para empezar a hablar de la cuestión. Después, Sánchez realizaba una ronda de llamadas de cortesía con los líderes territoriales de cara a preparar el terreno para estos encuentros bilaterales.
El teléfono del presidente valenciano, Ximo Puig, fue uno de los primeros que sonaba, según las explicaciones de la Moncloa, en reconocimiento a la importancia que la financiación autonómica tiene para la Comunitat Valenciana. Ahora serán los gabinetes de ambos mandatarios, en coordinación con la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, los que tendrán que cerrar una fecha.
Es evidente que al jefe del Consell le interesa ser de los primeros en pisar la Moncloa como una forma de establecer una jerarquía simbólica sobre la financiación autonómica.
La reivindicación de un nuevo modelo que no perjudique a los intereses valencianos es el eje central de la agenda valenciana. Quedó demostrado con la manifestación celebrada en València el pasado 18 de noviembre e impulsada desde el Consell.
Sánchez conoce de cerca la situación valenciana. Dos días después de la protesta, encabezó una delegación de su ejecutiva que se reunió con la dirección del PSPV para aprobar un documento con las posiciones del partido sobre la nueva financiación autonómica. La declaración abre la puerta incluso a una compensación de la deuda histórica, una demanda de la Comunitat Valenciana que es rechazada por otros territorios.
El reparto del pastel entre las autonomías genera discrepancias y alianzas entre los diferentes gobiernos al margen de su filiación ideológica. La C. Valenciana es la que, según los informes oficiales de los expertos, está más lejos de la media estatal en el dinero recibido por habitante. En los últimos meses ha acercado posiciones con Baleares, Murcia y Andalucía, cuya consejera es la actual ministra de Hacienda.
La gran incógnita es si, en minoría parlamentaria y a un año de elecciones autonómicas, Sánchez será capaz de promover un acuerdo entre comunidades y partidos.
