La sentencia que acredita la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano cuando lo presidía Francisco Camps supone otro mazazo para la organización valenciana. La noticia del fallo ha pillado a la práctica totalidad de la cúpula popular en Madrid. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig; la secretaria general, Eva Ortiz y el presidente del PP de Alicante, José Císcar, han viajado esta mañana a la capital para asistir a la junta directiva nacional convocada por Mariano Rajoy para resolver, mediante un congreso extraordinario, su sucesión. Rajoy anunció el martes su renuncia tras que Pedro Sánchez ganara la moción de censura y lo desplazara de la Mocloa tras conocerse la sentencia de Gürtel sobre la financiación irregular del PP.
Cuando el partido todavía no se ha respuesto del varapalo de la Audiencia Nacional, la organización valenciana acusa hoy el golpe del fallo sobre su propia financiación irregular con la condena de quien fue secretaria general, Ricardo Costa. El fallo, no afecta a Francisco Camps, pero echa por tierra un legado de mayorías absolutas que, según el juez, se consiguió en buena medida gracias a trampas.
Tras la confesión de Costa, la condena era más que probable y los populares de Bonig contaban con ello. No obstante, la sentencia ha generado cierta pesadumbre en una organización que lucha desde hace años por renovar su imagen y desligar la marca de la corrupción. El nuevo PPCV de Bonig sufre otro contratiempo cuando sólo queda un año para elecciones.
El PPCV espera esta mañana a conocer el fallo para pronunciarse. Con todo, las fuentes consultadas admiten que es una sentencia que causa bochorno y vergüenza e insisten en la petición de perdón a todos los militantes y a la sociedad en su conjunto. Los populares de Bonig, que precisan que el partido no fue imputado en esta casua, insisten en que las actitudes personales y condenables de quienes fueron dirigentes no deben manchar el nombre de toda la organización y sobre todo de los miles de militantes y cargos honrados que defienden los colores del partido.
La resolución judicial llega en medio del debate abierto por la sucesión de Rajoy y con el interés de Bonig y su equipo de posicionarase adecuadamente en esta carrera para hacer valer el peso de la organización y recuperar una influencia perdida en Madrid precisamente a causa de los casos de corrupción del pasado.
