La ciudad de València, con el apoyo del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió ayer dejar de mirar hacia otro lado ante el drama humano que viven millones de personas y por el que mueren miles de ellas cada año en el mar Mediterráneo -unas 3.000 el pasado 2017-.
Así ante el SOS desesperado del buque de rescate AquariusAquarius, con 629 inmigrantes a bordo, sin comida y tras la negativa de Italia para que atracara en sus costas, el puerto de la capital del Túria ha abierto sus puertas y, salvo contratiempos de última hora, recibirá a finales de semana a estas personas.
El alcalde de València, Joan Ribó, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mostraron ayer su preocupación ante la situación de este barco a la deriva, más aún cuando Italia y Malta le negaron cualquier posibilidad de atracar en sus puertos.
La embarcación pertenece a la ONG francesa SOS Méditerranée y en ella viajan 629 inmigrantes, entre ellos 123 menores y siete embarazadas. De esta forma, con el fin de «evitar una catástrofe humanitaria» y cumplir con los compromisos internacionales, el Gobierno adoptó una reacción inmediata y antes del mediodía de ayer comenzó a poner toda la maquinaria en marcha para recibir y atender a estas personas.
Se activa así una especie de plan similar al que ya se creó en 2016 ante la crisis de los refugiados desplazados por la guerra de Siria. No obstante, pese a que desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social indican que se ofrece «disponibilidad absoluta» para atender a estas 629 personas que fueron rescatadas por el buque Aquarius, estas fuentes no han podido aclarar si se les otorgará carta de refugiados.
El dilema es complejo y precisa de la coordinación de distintos ministerios, que ya están trabajando en ello, según indicaron fuentes del Gobierno central. Por un lado, está el atender esta llamada humanitaria y prestar asistencia sanitaria a todos aquellos que lo requieran, como se suele hacer con cualquier inmigrante que llega en patera a las costas españolas.
El problema surge en si se les tratará como refugiados, lo que sentaría un precedente ante la situación que por desgracia comparten otros millones de personas africanas que huyen de sus países de origen, haciendo una distinción entre unos y otros.
O si se les cataloga de inmigrantes que han llegado de forma irregular y que por lo tanto deben de ser repatriados tras ser atendidos. A esto se suma que los centros de internamiento para extranjeros (CIE) están ya saturados.
En el caso de que se les otorgue carta de refugiados, lo cual seguramente se estudiará caso por caso, a lo largo del día de ayer varios municipios se pusieron a disposición del Gobierno central y autonómico para acoger a estas personas en la medida de sus posibilidades.
La concejala de Servicio Sociales del Ayuntamiento de Sagunt, Mónica Caparrós, trasladó su ofrecimiento a la administración autonómica, remarcando que la capital de Morvedre es una «Ciudad acogedora de refugiados», que cuenta como las que también lo son con un protocolo local para ello.
De igual modo se pronunció el Ayuntamiento de Paiporta, declarada Ciudad Refugio en 2015, y que cuenta con 50 voluntarios dispuestos a colaborar tras la llegada del barco. El Ayuntamiento de Gandia también se ha mostrado dispuesto a colaborar.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asumido personalmente la coordinación de todo el dispositivo para poder hacer frente a esta situación humanitaria. Asimismo, Ximo Puig recibió también el ofrecimiento de ayuda de sus homólogos de Baleares y Extremadura, Francina Armengol y Fernández Vara.
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, destacó «la sensibilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez e indicó que las autoridades valencianas «tienen el dispositivo de acogida preparado desde hace mucho tiempo». Así espera que esta decisión sea «bien recibida» también por las once comunidades que en su día firmaron un manifiesto expresando su deseo de acoger refugiados.
