La trama Gürtel financió en «B» de Barcelona (en negro) tres actos electorales del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrados en Alicante y València durante las campañas electorales de 2007 y 2008.
La sentencia de la Audiencia Nacional que declara probada la financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) también confirma que la discomóvil y los 36 metros cuadrados de moqueta «azul ducado» que pusieron fin a la campaña electoral de Isabel Bonigcon cargo al dinero que los populares recaudaban de los nueve empresarios condenados por financiación ilegal.
«El PPCV financió sus campañas electorales en los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva», señala el magistrado José María Vázquez Honrubia en la tercera sentencia que confirma la metástasis de la trama Gürtel en el partido que ha gobernado la Comunitat Valenciana durante veinte años.
Una constatación que no se habría podido realizar sin los informes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía que «son de una importancia capital para definir los hechos de la acusación que aquí se han declarado probados».
La UDEF «ha logrado determinar, uno por uno, cuáles han sido los actos celebrados por el PPCV» que organizaba Orange Market y pagaban los empresarios contratistas condenados. Una confirmación que la Policía logró acreditar gracias a que «esta ingente documentación ha sido sistemáticamente clasificada, ordenada, cruzada, cuadrada y concordada por los funcionarios de la UDEF en una labor de una minuciosidad y laboriosidad de extraordinario mérito», señala Vázquez Honrubia en la sentencia hecha pública ayer.
Gracias a este encaje de bolillos policial, la sentencia declara probado que el PPCV financió de manera ilegal un total de 54 actos durante las campañas electorales de 2007 y 2008.
«Falsedades sobre falsedades»
Un trabajo que ha permitido concluir, además de las confesiones de los acusados, que «hay documentos que acreditan que se creó una variedad de documentos inveraces para formalmente acreditar que Orange Market había trabajado» para los nueve empresarios condenados, pero en realidad eran «falsedades sobre falsedades» para encubrir los pagos que realmente eran debidos al PPCV, para quien sí trabajaba Orange Market.
